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El cofundador de la Fundación para el Estado de Derecho, Andrés Caro, explicó que las recientes disposiciones sobre el manejo del suelo impulsadas por el Gobierno nacional representan un cambio profundo en la forma como se decide el uso del territorio en Colombia. Según indicó, el nuevo esquema otorga a los ministerios en Bogotá la facultad de definir las actividades permitidas en cada zona del país, lo que —a su juicio— altera el principio constitucional de descentralización.
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¿Qué implicaciones tienen las nuevas normas sobre el uso del suelo?
Caro señaló que el informe elaborado por su organización, junto con el Instituto de Ciencia Política y Pro Bogotá, “muestra la trayectoria de la política sobre el territorio de este gobierno”. Explicó que el punto de partida fue el artículo 32 del Plan Nacional de Desarrollo, que estableció jerarquías en los usos del suelo priorizando la protección ambiental y la producción de alimentos. Sin embargo, advirtió que “impuso inconstitucionalmente a las entidades territoriales la obligación de determinar los suelos como mandaran los ministerios en Bogotá y no como lo determinaran los consejos municipales o las gobernaciones”.
El entrevistado agregó que esta disposición abrió la puerta a nuevas figuras como las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APA) y las zonas de protección de alimentos, las cuales —dijo— “mandan desde el Ministerio de Agricultura qué deben hacer los municipios con sus tierras”. Según el informe, las determinantes establecidas por el Gobierno “ocupan hoy el 82 % del territorio nacional”.
Para Caro, esta situación genera una afectación directa a la autonomía regional. “Nuestro sistema de gestión territorial es complicado”, expresó. “Desde la Constitución del 91 se dijo que la planeación del territorio se hace de abajo hacia arriba, es decir, son los municipios y las comunidades quienes deciden qué se hace en su territorio”.
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¿Las nuevas disposiciones pueden conducir a una expropiación?
Durante la entrevista, el analista aclaró que las normas no implican expropiación directa, pero sí limitaciones relevantes. “Si uno no tiene el uso del suelo, no puede explotar el subsuelo”, explicó. En ese sentido, señaló que un propietario con una mina en una de las zonas afectadas podría verse obligado a destinar su terreno a actividades agrícolas, como la siembra de alimentos o la ganadería.
“Cualquier persona que sepa de negocios entiende que el uso suele ser más importante que el título”, afirmó. “Cuando se limita el uso, se está limitando la unidad de negocio, porque se le dice a la gente qué puede y qué no puede hacer”.
Caro insistió en que las APA no conducen a una expropiación, pero alertó que al restringir el uso de la tierra desde instancias nacionales se genera “un daño importante en el derecho a la propiedad privada y en los principios de descentralización y democracia participativa”.
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Finalmente, el cofundador de la Fundación para el Estado de Derecho resumió su preocupación: “Tenemos, por un lado, una anarquía en el territorio muy grave, y por el otro, un afán de planificación central que olvida los derechos fundamentales de cada persona sobre su tierra”.
