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La Fiscalía General de la Nación solicitó al Tribunal Superior de Bogotá fallar a favor del expresidente Álvaro Uribe Vélez la tutela con la cual pretende que sea tumbada la decisión del juzgado cuarto del circuito de la ciudad de mantenerlo como imputado por el escándalo de supuesto soborno de testigos.
La petición fue realizada por el fiscal sexto delegado ante la Corte Suprema de Justicia, en una carta de respuesta a la tutela, en la que señala que es necesario subsanar esa situación porque coincide con el exsenador en el sentido de que no se puede equiparar la indagatoria que definió en su momento la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, con una imputación que aún no se ha realizado.
Así mismo, plantea que esta situación no sólo genera una afectación a las garantías de defensa y el debido proceso de Uribe Vélez, sino que arroja de manera forzosa a la Fiscalía a una fase de trámite de juicio con una serie de falencias lo que atenta sensiblemente el procedimiento penal.
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De acuerdo con la defensa del exsenador Álvaro Uribe, el juez actuando como segunda instancia, desbordó su competencia, ya que debiendo referirse a la libertad que era el tema apelado, resolvió sobre un aspecto que correspondía determinar a la Fiscalía General de la Nación como lo es la de formulación de una imputación.
“Si bien la indagatoria celebrada resulta válida ante el cumplimiento de los requisitos legales esenciales propios del sistema penal mixto (Le 600 de 2000), con ocasión del tránsito de sistema penales debe decaer su vigencia”, señala la petición de la Fiscalía.
En la solicitud, igualmente se señala: “la formulación de imputación debe cumplir con unos estándares superiores, en particular a lo atinente a la reiterada y unificada jurisprudencia penal que funda en el núcleo fáctico de la formulación de imputación la columna vertebral del proceso penal en Colombia, eje sobre el cual gravitan la legalidad, el debido proceso de todas las partes e intervinientes, y el derecho a la defensa”.
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Esta acción de tutela está siendo estudiada por parte del magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, Rafael Enrique López Geliz.
