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Emilio Archila, alto consejero para la estabilización y el posconflicto, se refirió en LA FM a la determinación de la Corte Suprema de Justicia de emitir una orden de captura contra el congresista y exlíder de las Farc Seuxis Paucias Hernández, alias Jesús Santrich. Aparte del anuncio del alto tribunal, el gobierno anunció que le pedirá a la Interpol la circular roja para su detención luego de que no se presentase a una indagatoria en un proceso de narcotráfico.
"Era muy evidente que Santrich estaba, sin ninguna justificación, traicionando a la justicia, traicionando el proceso en el cual confió... son más de 10.500 excombatientes que tenemos activos dentro del proceso de reincorporación, a los cuales les renovamos su apoyo financiero sin ningún límite de tiempo, en temas de salud hicimos un esfuerzo grande, en vivienda, estamos trabajando con el Ministerio del Interior para proteger al partido Farc", aseguró Archila, al indicar que una cosa es el proceso de paz y otra el del guerrillero desmovilizado y congresista.
Sobre presuntos responsables de que Santrich esté fugado, Emilio Archila aseguró que la Corte Suprema de Justicia y la Justicia Especial para la Paz tuvieron las garantías para actuar de manera independiente. "Hay que resaltar el respeto que ha tenido el Gobierno", aseguró, más allá de si el Ejecutivo estaba de acuerdo o no.
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Con relación a la curul de Jesús Santrich en la Cámara de Representantes, acordada en los diálogos de paz de la administración del entonces presidente Juan Manuel Santos con las Farc, Archila señaló: "lo que yo pedí es que se iniciara el trámite, que el Consejo de Estado termine resolviendo y la Corte Suprema de Justicia pueda evaluar un delito de narcotráfico posterior a los acuerdos".
La decisión de ordenar su captura fue tomada por la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema tras lo que consideran una "inasistencia injustificada" a la indagatoria programada por el caso de narcotráfico. Todo ello "pese a que en un primer escenario procesal el señor Hernández Solarte atendió las citaciones de las diferentes autoridades judiciales y en virtud de ello se le privilegió su derecho fundamental a la libertad", algo que ahora el alto tribunal revierte por no acudir a la cita.
El proceso contra Santrich y por el cual es pedido en extradición por Estados Unidos es por un supuesto delito de narcotráfico cometido después del primero de diciembre de 2016, cuando entró en vigor el acuerdo de paz firmado por el Gobierno y las Farc, el 24 de noviembre de ese año. Sin embargo, en mayo pasado, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le concedió a Santrich la garantía de no extradición con el argumento de que las pruebas aportadas por Estados Unidos eran insuficientes y el caso pasó a la Corte Suprema que debe definir su situación.
No obstante, Santrich, que el 11 de junio de este año asumió como representante a la Cámara, dejó plantado a su esquema de seguridad el pasado 30 de junio durante una visita al Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Tierra Grata, situado en el departamento del Cesar, y se fue con rumbo "desconocido".
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El propio partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc) en que se transformó la antigua guerrilla aseguró que está decepcionado y lastimado por Santrich luego de que dejara plantada a la Corte Suprema de Justicia. "Jesús Santrich no solamente es un militante de nuestro partido, sino que hace parte de su dirección y ocupa una curul en la Cámara de Representantes a nombre de nosotros. Tiene responsabilidades políticas muy serias con todos los que confiamos en él. Nos decepciona y lastima profundamente", reza un contundente comunicado del partido.
El partido también aseguró que "esa conducta es únicamente responsabilidad" de Santrich y destacó que "al igual que otras de sus decisiones personales, no consulta ni al partido Farc ni a su dirección". En este sentido, hizo hincapié en que "con independencia de su inocencia o culpabilidad" en el caso de Santrich "no se puede negar que los sucesivos fallos de Corte Constitucional, la Jurisdicción Especial para la Paz y el Consejo de Estado, terminaron por reconocer sus derechos como ciudadano y reincorporado".
