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Después de las elecciones legislativas que se realizaron el pasado 13 de marzo, en las que se eligieron a los nuevos miembros de la Cámara de Representantes y el Senado de la República, el próximo 29 de mayo se llevarán a cabo las elecciones presidenciales.
Durante la época electoral, a los colombianos les empieza a surgir varias dudas sobre los comicios, y una de ellas es si las empresas privadas pueden sugerir por quién votar o incurren en algo ilegal.
Esto a propósito de la polémica en la que se ha visto envuelta la empresa Colanta, por una carta que envió el gerente Sergio González.
“Estamos viviendo tiempos complejos, se avecina un cambio presidencial decisivo que puede significar un antes sin un después en libertad de continuar por la senda del crecimiento y la generación de empleo”, indicó González haciendo referencia a las elecciones presidenciales.
En la misiva también se lee que “el país nos necesita, por ello te invitamos a participar en un acto de supervivencia votando por el orden y las oportunidades para Colombia”.
Frente a la controversia que se desató, el gerente de Colanta se defendió de las críticas que le han hecho, señalando: “creo yo personalmente que se le ha dado una trascendencia muy distinta a lo que la comunicación tenía. Le primer objetivo y por qué hicimos esa comunicación, pues porque obviamente toda la gente nos pregunta y sobre todo en un modelo cooperativo, donde todos somos una economía circular, donde los dueños son los productores y trabajadores”.
¿Empresas privadas pueden sugerir por quién votar?
Según el artículo 59 del Código Sustantivo del Trabajo, se le prohíbe a los empleadores, “imponer a los trabajadores obligaciones de carácter religioso o político, o dificultarles o impedirles el ejercicio del derecho del sufragio”.
¿Si lo hacen, incurren en algo ilegal?
El Código Penal Colombiano explica que uno de los delitos electorales es el constreñimiento al sufragante, el cual indica que “el que amenace o presione por cualquier medio a un sufragante con el fin de obtener apoyo o votación por determinado candidato o lista de candidatos, voto en blanco o por los mismos medios le impida el libre ejercicio del derecho al sufragio, incurrirá en prisión de 4 a 9 años y multa de 50 a 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La pena se aumentará de la mitad al doble cuando la conducta sea realizada por un servidor público”.
