La FM en Google News
La justicia abrió un nuevo incidente de desacato contra el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez Ballesteros, y otros altos funcionarios de la entidad, por el presunto incumplimiento de una tutela que ordenaba medidas de protección a favor del activista político Santiago Alvarán Mejía.
La decisión fue adoptada por el Juzgado Octavo Administrativo Oral de Medellín, que consideró que la entidad no cumplió “a cabalidad” la orden judicial emitida el pasado 13 de marzo de 2026 y posteriormente confirmada por el Tribunal Administrativo de Antioquia.
En el proceso también fueron vinculados Nelson Rolando Russi Beltrán, director de Evaluación cde Riesgo de la UNP, y Miguel Ángel Quiroga Ruiz, director de Protección de la entidad.
Pese a contar con recursos jurídicos como una acción de tutela y un primer incidente de desacato, el activista aseguró que aún no cuenta con un esquema de seguridad plenamente asignado por la Unidad Nacional de Protección.
Según el fallo conocido por La FM, la tutela ordenaba realizar un estudio “concienzudo” sobre el nivel de riesgo del activista y adoptar medidas proporcionales frente a las amenazas, tentativa de homicidio, lesiones personales y secuestro extorsivo denunciados por Alvarán Mejía debido a su labor como activista social independiente.
En el documento judicial, el despacho concluyó que la entidad no valoró integralmente las pruebas aportadas por Alvarán y omitió elementos relacionados con hechos de violencia denunciados previamente por el activista.
Además, el juez advirtió que la propia UNP reconoció fallas en la primera evaluación de riesgo practicada a Santiago Alvarán, luego de que inicialmente calificara su situación como “riesgo ordinario”, pese a las denuncias relacionadas con amenazas, exposición pública, atentados y desplazamientos constantes en territorios con presencia de grupos armados ilegales.
La controversia aumentó luego de que la entidad decidiera retirar inicialmente una medida provisional consistente en un chaleco blindado. Posteriormente, tras los recursos interpuestos por el activista, la UNP resolvió mantener temporalmente esa protección y ordenar una nueva valoración de riesgo.
Santiago Alvarán aseguró en diálogo con La FM que la situación sigue siendo compleja y advirtió que el director de la UNP podría enfrentar sanciones más severas si persiste el incumplimiento judicial.
“Hay una pena privativa de la libertad que hay de por medio y se puede incrementar la sanción inicial y si la multa se puede incrementar por decisión judicial y se puede añadir mensualidad, hasta que el fallo judicial sea cumplido por la Unidad Nacional de Protección porque es un fallo constitucional”, destacó.
En otro de los apartes del diálogo con La FM, el activista explicó que la misma UNP reconoció inconsistencias en la primera valoración realizada sobre su situación de seguridad.
Santiago Alvarán señaló que recientemente la Unidad Nacional de Protección le practicó un nuevo análisis de seguridad debido a las inconsistencias detectadas en la primera valoración.
“El análisis del riesgo que me hicieron hoy, producto a que ellos mismos aceptaron de que el análisis que me había realizado, en ese análisis habían fallado, entonces el juez no se los aceptó y dijo que yo sí necesitaba medidas de seguridad, ahí estamos en ello porque eso ha sido muy complicado”, dijo.
Aunque la UNP sostuvo ante el juzgado que sí cumplió las órdenes judiciales y que adelantó los estudios técnicos correspondientes, el despacho concluyó que el cumplimiento no fue material ni efectivo, razón por la que ordenó abrir formalmente el incidente de desacato contra los directivos de la entidad.
El juez otorgó además un plazo de tres días hábiles a los funcionarios para presentar pruebas y explicar el presunto incumplimiento, mientras reiteró la orden de cumplir de manera inmediata las medidas ordenadas en la tutela.
Preguntas y respuestas
¿Qué es un incidente de desacato?
Es un trámite judicial que se abre cuando una entidad o funcionario incumple una orden emitida dentro de una acción de tutela.
¿Por qué fue vinculado el director de la UNP?
Porque el juzgado considera que la entidad no cumplió integralmente las medidas de protección ordenadas para el activista Santiago Alvarán Mejía.
¿Qué sanciones podrían enfrentar los funcionarios?
De comprobarse el desacato, podrían enfrentar multas e incluso arresto, según lo establece el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991.
