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La Defensoría del Pueblo presentó formalmente la Alerta Temprana de 168 páginas, en la que realizó un mapa de riesgo en todo el territorio nacional por concepto de vulneraciones a derechos y libertades civiles y políticas, de cara a las elecciones 2025 - 2026.
El estudio fue realizado por más de 100 analistas del organismo y concluyó que al menos 62 de los más de 1.100 municipios que tiene todo el país, requieren atención inmediata por evidente riesgo electoral, 162 requieren de atención urgente, 425 requieren atención prioritaria.
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"Ninguno de los riesgos identificados implica la imposibilidad de realizar elecciones. Se trata de advertencias técnicas que buscan proteger a la ciudadanía y promover que la democracia se ejerza con plenas garantías", afirmó la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz.
En este sentido, el organismo presentó 20 recomendaciones agrupadas en seis ejes temáticos, que apuntan a una acción coordinada y efectiva por parte de las entidades del Estado.
Una de las recomendaciones más destacada está dirigida al Ministerio del Interior, a quien se le pidió fortalecer la articulación interinstitucional y territorial, en las instancias de garantías electorales.
La Defensoría también le recomendó al Ministerio de Defensa y Fuerza Pública, que velen por la garantía de la seguridad en vías, puestos de votación y territorios con mayor nivel de riesgo.
Igualmente, el organismo le pidió a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que implemente planes de contingencia para candidaturas, periodistas, juventudes, víctimas y firmantes de paz.
La Defensoría señaló que la Registraduría Nacional y Consejo Nacional Electoral (CNE) también deben asegurar la logística, transparencia y garantías en el proceso electoral.
Otra de las recomendaciones se hizo a la Procuraduría, Personerías y demás órganos de control, que deberán vigilar el cumplimiento de garantías y la protección de derechos de poblaciones en especial condición de riesgo.
La alerta destaca la necesidad de medidas diferenciales para proteger:
• Precandidaturas, candidaturas y sus equipos de campaña y familias.
• Servidores públicos en cargos de elección popular y en labores electorales.
• Defensores de derechos humanos, líderes y lideresas sociales, periodistas, jóvenes, mujeres, población LGBTIQ+, víctimas y firmantes del Acuerdo de Paz.
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La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, también alertó que más del 40% de los homicidios en el país en el marco del proceso electoral 2025 y 2026 van directo a los jóvenes entre los 18 y 28 años, por causas como crisis de salud mental, estigmatización y exclusión política.
