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La Defensoría del Pueblo presentó una actualización del mapa de riesgos electorales en Colombia, identificando 649 municipios con algún nivel de amenaza que podría afectar la libertad y el pluralismo del proceso electoral. De ellos, 62 requieren atención inmediata por parte de las autoridades, según explicó la defensora del pueblo, Iris Marín, en entrevista con La FM.
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¿En qué consiste la alerta de la Defensoría del Pueblo sobre las elecciones?
Durante la conversación, Marín explicó que el sistema de alertas tempranas de la entidad busca “evidenciar dónde son los lugares donde hay riesgos”, con el propósito de prevenir violaciones a los derechos humanos o situaciones del conflicto armado que afecten la participación política. “Es un documento eminentemente preventivo”, señaló.
La defensoría realizó un monitoreo de los 1.122 municipios del país teniendo en cuenta variables como la presencia de grupos armados ilegales, antecedentes de amenazas, capacidad institucional y vulnerabilidad social. Con base en esos criterios, el informe clasifica los territorios en cinco niveles de riesgo o acción institucional requerida: “Una acción inmediata se requiere en 62 municipios, una acción urgente en 162, y un llamado prioritario en 425”, detalló Marín.
La defensora indicó que la alerta contiene 20 recomendaciones dirigidas a diferentes entidades del Estado. “Hay una muy importante relacionada con el despliegue de la fuerza pública priorizado en esas regiones”, afirmó. También se incluyen 10 recomendaciones para el Ministerio del Interior y otras para la Fiscalía General de la Nación con el fin de investigar hechos que puedan poner en riesgo el proceso electoral.
¿Qué consecuencias habría si no se actúa ante el riesgo electoral?
Consultada sobre el impacto de una eventual falta de respuesta del Gobierno, Marín advirtió que “se restringirían las libertades democráticas”. Según explicó, podrían presentarse casos de “amenazas, hostigamientos u homicidios”, así como el retiro de candidatos por falta de garantías. La defensora subrayó que el seguimiento a la alerta se hará en enero, con una nota de evaluación prevista para febrero.
Marín insistió en que el éxito de las recomendaciones dependerá de la articulación institucional. “Si hay respuesta adecuada, en febrero podríamos tener un mapa que haya mitigado los riesgos”, dijo. De lo contrario, “esta situación podría ser más grave”.
La Defensoría emitió la alerta con seis meses de antelación —el doble del tiempo habitual— con el objetivo de permitir una reacción temprana. “La idea es reaccionar pronto”, señaló Marín. Además, confirmó que hay una recomendación directa a la Procuraduría General de la Nación para que priorice investigaciones disciplinarias si funcionarios omiten las acciones sugeridas.
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Sobre las regiones más afectadas, la defensora precisó que la zona más crítica corresponde al suroccidente del país, integrada por Cauca, Valle y Nariño, además de municipios en Chocó. También mencionó áreas de riesgo en el nororiente y noroccidente, como el Bajo Cauca y el Catatumbo. En las ciudades, alertó sobre la presencia de criminalidad organizada con control territorial en sectores de Bogotá, Cali, Quibdó y el Valle de Aburrá.
Finalmente, Marín enfatizó que la alerta “es un llamado a la acción, no al fatalismo”, e insistió en que la coordinación interinstitucional será clave para garantizar el ejercicio libre y seguro del voto en todo el territorio nacional.
