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El abogado y precandidato presidencial Abelardo de la Espriella aseguró en entrevista con La FM, para la sección Tribuna RCN, que el asesinato de Miguel Uribe constituye un crimen de Estado. Según sus afirmaciones, en este hecho habrían participado el “régimen” y grupos vinculados al narcoterrorismo.
“El régimen instigó el asesinato de Miguel Uribe y el narcoterrorismo lo ejecutó”, expresó. Señaló que, de llegar a la Presidencia, impulsará acciones para que el caso no quede en la impunidad. De la Espriella comparó este hecho con el homicidio del dirigente político Álvaro Gómez Hurtado, ocurrido en 1995, indicando que, en ambos casos, existió, según él, manipulación de las investigaciones para desviar responsabilidades. “En el caso de Gómez Hurtado, personas inocentes estuvieron 10 años en prisión antes de ser liberadas”, afirmó.
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El precandidato sostuvo que el crimen de Miguel Uribe sigue un patrón parecido al de otros magnicidios en Colombia, los cuales, en su opinión, no han sido esclarecidos. Mencionó que funcionarios del Gobierno, como el director nacional de inteligencia y el ministro de Defensa, han hecho declaraciones públicas sobre el caso, al igual que el presidente Gustavo Petro.
Afirmó que esto solo llega a “envenenar” las investigaciones y desviar la atención de los autores intelectuales y materiales. Insistió en que el homicidio de Miguel Uribe no debe quedar sin esclarecer y que la sociedad necesita identificar a los responsables para evitar que se repitan hechos similares.
Señalamientos contra Gustavo Petro
De la Espriella manifestó que el presidente Gustavo Petro “instigó” el asesinato mediante declaraciones y señalamientos contra Miguel Uribe. Sostuvo que el mandatario utilizó calificativos hacia la víctima y que esto habría generado un ambiente hostil que favoreció la acción de grupos ilegales.
En cuanto a cómo trataría a sectores de izquierda en un gobierno suyo, indicó que aplicaría la ley a quienes, a su juicio, hayan atentado contra la institucionalidad y la democracia. También mencionó supuestos vínculos entre el Gobierno y organizaciones criminales, así como pérdida de soberanía.
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Reiteró que su compromiso es garantizar justicia en el caso de Miguel Uribe, haciendo uso de los mecanismos previstos por la Constitución y la ley. “El fin último de la justicia es la verdad, y para que no sigan cometiéndose magnicidios debemos hallar a los responsables”, dijo.
Finalmente, expresó solidaridad con la familia de Miguel Uribe, nombrando a varios de sus miembros, y reafirmó que su objetivo es esclarecer el hecho y sancionar a los responsables.
