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La periodista Maritza Aristizábal reveló en entrevista con La FM que la embajada de Colombia en Nicaragua gestionó la renovación de la residencia de Carlos Ramón González el mismo día en que este fue imputado en Colombia. Según Aristizábal, la información proviene de documentos oficiales confirmados por la Cancillería.
¿Cuándo y cómo se realizó el trámite para Carlos Ramón González?
De acuerdo con la periodista, la solicitud de residencia se radicó el 21 de mayo, fecha en la que González estaba siendo imputado por la Fiscalía. “A la misma hora en la que estaba siendo imputado aquí en Colombia, la embajada de Colombia en Nicaragua estaba radicando esta solicitud ante el gobierno de Daniel Ortega”, indicó Aristizábal. La audiencia de imputación había sido programada desde el 14 de mayo, lo que, según la fuente, muestra que se conocía de antemano el proceso judicial en curso.
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Aristizábal explicó que el trámite se realizó a través de la embajada colombiana, algo que usualmente ocurre solo cuando se trata de funcionarios. “Si es un ciudadano común y corriente va y pide él, autónomamente, su residencia”, afirmó, cuestionando por qué la gestión se hizo mediante una sede diplomática.
¿Quién dio la orden para el trámite en Nicaragua?
La periodista señaló que hay múltiples versiones sobre quién habría ordenado el trámite. “El presidente ha dicho que él no sabía, que la Cancillería tampoco sabía”, comentó. Según Aristizábal, el ex canciller Álvaro Leyva y otros funcionarios niegan haber tenido conocimiento, mientras que el exembajador León Freddy Muñoz afirmó que no tiene explicación sobre el caso.
El encargado de negocios Óscar Muñoz, quien firmó la solicitud, no ha dado declaraciones directas y mantiene silencio público. Sin embargo, la información, según la periodista, fue corroborada con “altísimas fuentes diplomáticas” que aseguran que Carlos Ramón González llegó a Nicaragua el año pasado y vivió durante meses en la residencia del embajador.
Aristizábal recordó que González fue director del DAPRE y también ocupó el cargo de director de inteligencia en el gobierno del presidente Gustavo Petro. La Fiscalía lo señala como la “gran cabeza” de un entramado de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La periodista subrayó que el hecho genera interrogantes sobre el alcance de las órdenes dadas y la posible existencia de una operación de encubrimiento. “Nos cuesta un poco creer que un señor que está nombrado por el gobierno del presidente Gustavo Petro no haya recibido la instrucción y que la reciba entonces de una persona que ya está por fuera del gobierno”, expresó.
Finalmente, Aristizábal afirmó que la documentación revisada demuestra que la gestión para la residencia se hizo “el mismo día de la imputación de cargos” y que se trató de un trámite oficial realizado desde un despacho diplomático colombiano en el exterior.
