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El primer punto del orden del día de la Sala Plena de la Corte Constitucional del 13 de agosto, seis días después de la salida de Gustavo Petro de la Casa de Nariño, es la reforma pensional del gobierno de izquierda. El 4 de agosto, tres días antes de la posesión de Abelardo de la Espriella, la magistrada Paola Meneses radicó un proyecto de auto.
La secretaría de la Corte, ese mismo martes, envió tres oficios a diecisiete correos que incluían a congresistas, como Juan Carlos Losada o Catherine Juvinao, y a la exrepresentante Lina Garrido. La magistrada Meneses firmó cada uno, señalando que no está facultada para explicar los alcances de un auto que el año pasado suspendió la reforma.
Al alto tribunal “no le corresponde emitir conceptos sobre la interpretación, la aplicación o los efectos de la providencia, ni determinar las actuaciones que deban adelantar otras autoridades o entidades”, apunta uno de los documentos, que Meneses suscribió el 31 de julio, cuando la norma aún no estaba programada para discutirse.
La demora en definir el rumbo de la reforma pensional no solo inquieta a quienes están a punto de jubilarse o a quienes buscan ahorrar para obtener su mesada. Al parecer, la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, encargada de investigar disciplinaria y penalmente a los magistrados de las altas cortes, también está interesada.
La FM conoció en primicia una comunicación de la Corte Constitucional a un investigador de Policía Judicial adscrito a la Comisión. El alto tribunal analiza desde el 13 de agosto de 2024 una demanda de la exsenadora Paloma Valencia que busca tumbar toda la Ley 2381, la reforma, por aparentes vicios en el trámite en el Congreso.
La Cámara de Representantes aprobó hace más de dos años el mismo articulado que avaló el Senado, sin debatir de más. El 14 de junio, la Cámara acogió una proposición que secundaba todo el texto del Senado, y la Corte Constitucional consideró que el no discutir lo suficiente era un vicio, aunque podía subsanarse.
La Sala Plena le dio un primer salvavidas a la Cámara, que el 28 de junio de 2025, en sesiones extraordinarias, repitió exactamente el mismo procedimiento: aprobó el mismo articulado del Senado. La diferencia es que le dio paso a la deliberación de otras proposiciones y que toda la sesión legislativa se extendió por cinco horas.
El siguiente paso era que la Corte revisara qué tan constitucional, o no, es la reforma a partir de los alegados vicios de trámite. Todavía no lo cumple. Principalmente, por los movimientos en el plenario, que cambió de magistrado ponente y de integrantes de la Sala, estancándose entre recusaciones o discusiones internas.
El cambio de ponente y los impedimentos prolongaron el limbo de la reforma pensional
Mientras tanto, la ley está suspendida. El 17 de junio del año pasado, nueve días antes de la segunda discusión en la plenaria de la Cámara, la Corte suspendió la reforma hasta un día después de que la magistratura decida si el Congreso corrigió la falla en su procedimiento. Todo quedó consignado en un auto de 85 páginas.
El documento es el principal archivo que llegó al despacho del investigador José Manuel Sánchez Franco, parte del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y, precisamente, asignado a la Comisión de Investigación y Acusación. Sánchez requirió información de la Corte, y la alta corporación respondió.
La Corte busca “facilitar el acceso a la información requerida para el cumplimiento de sus funciones de policía judicial”, de acuerdo con la respuesta, que firmó la secretaria general del Tribunal, Andrea Liliana Romero, y a la que La FM accedió. El auto 841 de 2025 es de autoría del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, expresidente de la corporación.
Ibáñez ya no preside la mesa directiva de la Corte y, de hecho, ya no está en el debate de la pensional. El 13 de febrero de este año, tres días después de dejar la presidencia de la Corte, presentó un impedimento con base en una entrevista que también lo apartó de la deliberación sobre la emergencia económica de diciembre de 2025.
“Desde junio de 2025 advertimos que la ley de pensiones tenía un vicio de trámite subsanable, pero no se subsanó”, dijo en un aparte por el que el ex secretario jurídico del Gobierno Augusto Ocampo lo recusó. “Y en vista de que en la votación acerca de su exequibilidad la Sala quedó dividida 4-4, se escogió un conjuez”, añadió.
Estimó “pertinente” advertir que “la transcripción publicada fue editada”, pero reconoció que no tenía el audio original, “razón por la cual existe duda sobre el tenor literal de mi manifestación acerca de si se subsanó o no el trámite”, sostuvo en su oficio. Sus compañeros de Sala aprobaron unánimemente declararlo impedido.
Incluso antes de dejar la Sala Plena en ese expediente en particular, Ibáñez remarcó la “urgencia” de definir de fondo si la pensional debe sobrevivir El asunto pasó a la actual presidenta de la Corte Constitucional, Paola Meneses, y no había sesión alguna de la Sala Plena que lo discutiera, hasta la del segundo jueves de agosto.
La Corte aprobó el impedimento de Ibáñez en febrero, pero solo el 21 de abril la secretaria Andrea Romero dejó la constancia de la notificación del asunto en estrados. Es decir, solo dos meses después del intercambio de carpetas, el alto tribunal hizo público o procesalmente relevante el cambio de magistrado ponente.
Un empate en la Corte dejó la reforma en manos de un conjuez
Con los términos suspendidos para resolver las 85 demandas contra la reforma —es decir, con la oportunidad de decidir sin un plazo claro—, la Corte nunca estuvo encaminada a zanjar la constitucionalidad de la Ley 2381 antes de que el gobierno de Gustavo Petro terminara, y retomará el limbo bajo la mirada de Abelardo de la Espriella como nuevo jefe de Estado.
A lo largo del año pasado, en la Corte rondó una ponencia de Ibáñez que pedía tumbar del todo la reforma. El proyecto de fallo se remansó en noviembre en un empate de cuatro votos a favor y cuatro en contra, por lo que la Sala Plena nombró a un conjuez, Carlos Pablo Márquez, para inclinar la balanza.
Jorge Enrique Ibáñez, en todo caso, fue el segundo togado en hacerse a un lado, después de Héctor Carvajal, quien en el pasado fue abogado personal de Gustavo Petro y que, antes de ser ternado para llegar a la Corte Constitucional, rindió varios conceptos a favor de la reforma pensional como contratista de Colpensiones, el fondo público de las cotizaciones protagonista en la reforma.
Un mes después de la suspensión de la ley y de su segunda aprobación en la Cámara de Representantes, el magistrado Ibáñez decretó varias pruebas para tomar una decisión final, principalmente para certificar las condiciones en las que el Gobierno pidió sesiones extraordinarias y la Cámara accedió.
El decreto de pruebas también aterrizó en la oficina del investigador Sánchez Franco, igual que las aclaraciones de voto de los togados Jorge Enrique Ibáñez, Juan Carlos Cortés, Vladimir Fernández y el exmagistrado José Fernando Reyes.
Las aclaraciones son, en términos simples, explicaciones de por qué votaron, en su momento, para suspender la norma y para que la Cámara volviera a debatir sobre su aprobación. La de Ibáñez tuvo 128 páginas.
La Ley 2381, la reforma pensional, tiene 95 artículos. La Corte Constitucional suspendió 93 y mantuvo dos vigentes, para reglamentar la ventana pensional, la facultad de trasladarse de regímenes para las personas a quienes les falten menos de diez años para pensionarse, y el régimen de transición.
El escenario se convirtió en una laguna jurídica. El Gobierno construyó toda una logística para cerca de 120 mil personas trasladadas a Colpensiones cuyos ahorros pensionales aún son administrados por los fondos privados.
La demora mantiene congelada la reforma mientras la Comisión indaga
La reglamentación incluía una transferencia de veinticinco billones de pesos que el Consejo de Estado suspendió porque el Ejecutivo se extralimitó en sus facultades. La reforma crea un fondo especial que debe administrar el Banco de la República, pero la cuenta no existe, porque el artículo que la diseña está frenado.
Que un investigador de la Comisión de Acusación actúe no quiere decir, de todos modos, que la célula legislativa vaya a cerrar todavía más el cerco sobre la Sala Plena en el corto plazo.
El principal motivo es la transición legislativa. Todos los expedientes tienen que repartirse nuevamente, ahora bajo la conducción de Carlos Cuenca, un representante de Cambio Radical que en su momento intentó, sin el apoyo de sus colegas, ordenar un examen toxicológico para el expresidente Petro.
Para el penalista Diego Gutiérrez, exfuncionario de la Fiscalía, la Comisión pretender “determinar si los magistrados de la Corte Constitucional, de forma dolosa, actuaron para demorar el trámite de la ley pensional”. Las expectativas reales de un proceso penal o disciplinario no son precisamente alentadoras.
Hilar de la demora en la Corte para detectar irregularidades no garantiza probar que el freno ha sido intencional o que la Sala Plena se haya quedado precisamente quieta. La penalista Sharon Castillo, litigante y asesora jurídica, lo aterriza en diálogo con La FM:
“Que la Comisión de Acusación abra una indagación, pida documentos y trate de establecer qué ha ocurrido con el expediente es completamente viable. Que esa actuación termine en una acusación o sanción es complejo. El solo paso del tiempo no permite concluir, automáticamente, que existe una falta o un delito”.
El punto es que la reforma pensional está estancada, en su implementación y en su revisión constitucional. Los retrasos mantienen en la incerteza a una de las principales reformas sociales de la administración de Petro y a más de 33 millones de afiliados al sistema pensional, unos siete millones en Colpensiones y otros veintiséis millones en los fondos privados.
La Corte Constitucional le respondió a su investigador natural, mas aún falta una respuesta más profunda ante la ciudadanía. En los pasillos del Palacio de Justicia las valoraciones se dividen en dos. Hay quienes dicen que el análisis de la reforma pensional “está en los tiempos”, a secas. Y hay quienes admiten que, más allá de lo procesal, el momento político posterior a Gustavo Petro es clave.
Claves del tema, en cuatro preguntas:
¿Cuándo retomará la Corte Constitucional el estudio de la reforma pensional?
La Sala Plena discutirá nuevamente la Ley 2381 el 13 de agosto, seis días después del fin del gobierno de Gustavo Petro. La reforma lleva más de un año suspendida mientras el alto tribunal estudia si la Cámara de Representantes subsanó los vicios de trámite señalados en 2025.
¿Por qué la Comisión de Acusación está investigando el trámite de la reforma pensional?
La Comisión recibió documentos de la Corte Constitucional después de que uno de sus investigadores de Policía Judicial, José Manuel Sánchez Franco, solicitara información sobre el expediente. La actuación busca establecer qué ocurrió durante el prolongado trámite y si pudo existir alguna conducta irregular de los magistrados.
¿Qué provocó el estancamiento del estudio de la reforma pensional?
El proceso quedó marcado por un empate de cuatro votos a favor y cuatro en contra de una ponencia que buscaba tumbar la reforma, además de impedimentos y cambios de magistrado ponente. Jorge Enrique Ibáñez se apartó del caso y el expediente pasó a la actual presidenta de la Corte, Paola Meneses.
¿Qué efectos tiene la suspensión de la reforma pensional?
La Corte mantiene suspendidos 93 de los 95 artículos de la Ley 2381, mientras dos disposiciones continúan vigentes. El freno mantiene en incertidumbre la implementación de la reforma y la situación de más de 33 millones de afiliados al sistema pensional, mientras la Corte define si la norma puede sobrevivir constitucionalmente.
