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Durante una entrevista emitida en La FM sobre la situación de las URI, el hacinamiento en centros de detención y la capacidad del sistema penitenciario, Hugo Acero Velázquez y Ricardo Burgos expusieron sus posiciones frente a la pregunta sobre si construir más cárceles en Colombia contribuiría a mejorar la seguridad. El debate se centró en el rol de la infraestructura penitenciaria, la política criminal y el funcionamiento de la justicia, a partir de la congestión del sistema y las condiciones actuales de reclusión.
¿Construir más cárceles mejora la seguridad en Colombia?
Ricardo Burgos señaló que la construcción de más cárceles no resuelve los problemas estructurales de la criminalidad. En su intervención afirmó que este tipo de decisiones históricamente no han reducido la delincuencia en distintos países y planteó que se trata de un “negocio político que criminaliza la pobreza”. Según su argumento, el problema no está únicamente en la capacidad de reclusión, sino en las causas sociales que alimentan la criminalidad.
En ese sentido, mencionó factores como la pobreza extrema, las adicciones a las drogas, la desigualdad y la impunidad judicial. Burgos indicó que estos elementos no se corrigen con más infraestructura penitenciaria. En cambio, sostuvo que la respuesta del Estado debería enfocarse en fortalecer la administración de justicia, especialmente mediante “más jueces, más fiscales y más investigadores”, con el fin de agilizar los procesos y mejorar la capacidad de investigación.
Desde su perspectiva, la expansión del sistema carcelario no ataca la raíz del problema, sino que mantiene una estructura que no resuelve la reincidencia ni la criminalidad de fondo. También afirmó que el sistema judicial enfrenta congestión, lo que impide una resolución rápida de los casos.
Por su parte, Hugo Acero Velázquez explicó que su posición se enmarca en una “estrategia integral de seguridad, convivencia y justicia”. Señaló que el sistema penitenciario forma parte del sistema de justicia y que no puede analizarse de manera aislada. Indicó que la situación actual exige transformaciones tanto en infraestructura como en operación institucional.
Acero sostuvo que el sistema carcelario y penitenciario es “completamente obsoleto”, y describió que muchas de sus estructuras son antiguas e inadecuadas. Además, señaló que existe hacinamiento en los establecimientos penitenciarios, el cual, según las cifras mencionadas en la entrevista, es del 28% según el INPEC, pero al incluir URI y estaciones de policía puede llegar al 50 %.
En su intervención, Acero afirmó que es necesario “modernizar el sistema carcelario”, lo que incluye la construcción de nuevos establecimientos, aunque no exclusivamente. Según su planteamiento, la infraestructura es solo una parte de un proceso más amplio que debe integrar condiciones de seguridad, justicia y operación institucional.
¿Qué reformas plantearon los invitados para el sistema carcelario y la política criminal?
Ricardo Burgos insistió en que las cárceles, bajo el modelo actual, terminan funcionando como “universidades del delito”. Con esa expresión se refirió a la reincidencia y a los procesos de socialización criminal que, según su postura, se fortalecen dentro de los establecimientos penitenciarios. También calificó la expansión carcelaria como una forma de “populismo punitivo”, al considerar que no se acompaña de reformas estructurales en la política criminal.
Burgos explicó que una parte importante del problema está en la forma como se administra la justicia penal. Señaló que muchas personas privadas de la libertad podrían eventualmente ser absueltas, lo que genera congestión en el sistema y presión sobre las cárceles. En su análisis, la falta de celeridad en los procesos judiciales contribuye al hacinamiento.
Hugo Acero Velázquez coincidió en que es necesaria una política criminal actualizada. Sin embargo, insistió en que esta debe incluir la transformación del sistema penitenciario. En su intervención explicó que la modernización no se limita a la infraestructura, sino que también implica “infraestructura segura y fuerte”, personal capacitado y no corrupto, y programas de resocialización.
Acero también señaló que en los centros de reclusión se presentan violaciones a derechos humanos, lo que refuerza la necesidad de intervención estatal. Indicó que el sistema debe ser fortalecido en su conjunto para garantizar su funcionamiento dentro de la política de seguridad y justicia.
Burgos, por su parte, reiteró que el enfoque debe centrarse en la base del problema de la criminalidad, incluyendo aspectos sociales y estructurales. También mencionó la carga de trabajo de fiscales e investigadores como un elemento que afecta la eficiencia del sistema, al señalar que existen múltiples investigaciones asignadas a cada funcionario.
En el cierre del intercambio, Acero afirmó estar de acuerdo con la necesidad de reformas para evitar que personas que no deberían estar detenidas permanezcan en prisión. No obstante, sostuvo que es necesario fortalecer y controlar el sistema penitenciario. En ese contexto, afirmó que es posible desarrollar establecimientos donde los internos no continúen delinquiendo desde el interior de las cárceles, en el marco de procesos de modernización institucional.
Este contenido fue hecho con inteligencia artificial bajo supervisión y curaduría de un periodista de La FM.
