Caso de Centros Poblados: condenan a más de 12 años de cárcel al empresario Ottomar Lascarro

Una juez penal de conocimiento de Bogotá condenó al empresario Ottomar José Lascarro Torres a 12 años y 9 meses de prisión como pieza clave en el entramado de corrupción relacionado con las irregularidades detectadas en el contrato 1043 de 2020, suscrito entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y la Unión Temporal Centros Poblados 2020.

Este convenió tenía por objetivo llevar internet a más de 7.000 escuelas rurales del país.

La Fiscalía presentó una serie de pruebas técnicas y testimoniales que fueron acogidas por parte del juzgado de conocimiento.

Ante el abundante número de pruebas Lascarro Torres fue hallado culpable de cometer los delitos de enriquecimiento ilícito, fraude procesal y falsedad en documento privado.

En el mismo fallo de sentencia, el juez condenó al empresario al pago una multa superior a los 2.400 millones de pesos y a cumplir una inhabilidad de 12 años y 7 meses de prisión para ejercer derechos y funciones públicas.

En desarrollo de la investigación un fiscal adscrito a la Dirección Especializada contra la Corrupción logró establecer que Lascarro Torres aportó los nombres, la experiencia y la información financiera de dos empresas de su propiedad para acreditar la capacidad técnica y la trayectoria exigidas en el proceso contractual.

Además, producto de sus actuaciones irregulares facilitó la conformación de la ‘Unión Temporal Centros Poblados Colombia 2020’.

Según el fiscal delegado de esta manera, se indujo en error a los funcionarios del Ministerio de las Tecnologías y al Información con el fin de que adjudicara a la unión temporal constituida el contrato de conectividad, que ascendió en valor a más de un billón de pesos.

Por las actuaciones irregulares que permitieron a ‘Centros Poblados’ quedarse con el proyecto, el empresario recibió más de 250.000 dólares.

En el expediente se señala que estos recursos fueron transferidos a una cuenta bancaria a su nombre en Estados Unidos.

La sentencia es de primera instancia y en su contra proceden los recursos de apelación que contempla la ley.