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El Consejo de Estado ordenó la suspensión provisional del Decreto 0858 de 2025, la norma que establecía el Modelo Preventivo, Predictivo y Resolutivo expedido por el gobierno nacional a través del Ministerio de Salud y Protección Social.
En este sentido, se detiene la implementación del acto administrativo mientras se resuelve de fondo la demanda de nulidad, dejando así sin efectos dicho decreto de manera temporal, hasta que exista sentencia definitiva.
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El proceso continuará en trámite dentro del medio de control de nulidad, recordando que las medidas cautelares no admiten apelación.
La decisión por parte del alto tribunal fue adoptada luego de una demanda que promovió el Representante a la Cámara, Andrés Forero, donde buscó obtener la declaratoria de nulidad, previa suspensión provisional del cuestionado decreto que busca reorganizar los servicios de salud para hacerlos más cercanos y resolutivos, especialmente en los territorios más apartados.
El demandante alegó en uno de sus argumentos que dicha norma del Ministerio de Salud vulneró el artículo 150, numeral 23, de la Constitución Política por ser el Ministerio de Salud el que expidió dicho decreto y no el Congreso de la República. Dicho artículo señala: "según el cual corresponde al Congreso de la República expedir las leyes que rigen el ejercicio de las funciones públicas y la prestación de los servicios públicos".
En esta decisión, el Consejo de Estado también reconocerá personería a los abogados, Juan Camilo Escallón Rodríguez como apoderado del Ministerio de Salud y a Milton Alexander Dionisio Aguirre como apoderado del Presidente de la República.
Cabe destacar que, según el Gobierno Nacional, este plan permitirá fortalecer el primer nivel de atención en salud. En cuanto que se optimizaría el uso de los recursos y se "priorizaría la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad".
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Por lo anterior, el Ministerio de Salud sostuvo que la expedición de este decreto no modifica el esquema vigente de aseguramiento ni elimina las EPS. Por el contrario, establece lineamientos para mejorar la coordinación territorial de todos los actores del sistema y garantizar que la atención se brinde con oportunidad, calidad y continuidad.
"Este decreto hace parte de las medidas que el Gobierno Nacional ha venido adelantando para mejorar la prestación de los servicios de salud en el corto y mediano plazo, sin que ello implique sustituir el debate democrático y amplio que continuará en la Comisión Séptima del Senado sobre los cambios estructurales que requiere el sistema. La discusión legislativa sobre la reforma a la salud seguirá su curso institucional, mientras que el presente decreto se limita a desarrollar lo ya aprobado en el marco del Plan Nacional de Desarrollo", señaló el documento.
