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El presidente del Consejo de Estado, Luis Alberto Álvarez, habló en primicia en La FM de RCN sobre el Decreto 0799 del 9 de julio de 2025, expedido por el presidente Gustavo Petro y el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre Lynett, el cual traslada a jueces del circuito la competencia para conocer las tutelas contra actos del presidente de la república, que hasta ahora correspondía al alto tribunal.
Durante la entrevista, Álvarez reconoció la competencia constitucional del presidente para reglamentar leyes, pero advirtió que la expedición del decreto omitió un paso legal necesario, pues no fue consultado con la Sala de Consulta y Servicio Civil del propio Consejo de Estado, como lo establece el artículo 113 de la Ley 1437 de 2011.
“El presidente puede tomar esa decisión, pero la ley exige que primero escuche a la Sala de Consulta. Esa consulta no es vinculante, pero sí obligatoria”, señaló Álvarez.
El magistrado explicó que el decreto se emitió al amparo de la potestad reglamentaria, dado que el Decreto 2591 de 1991 —que regula la acción de tutela— es de rango legal. No obstante, cuestionó la conveniencia de la medida, al considerar que afecta la estructura institucional del control judicial sobre actos del jefe de Estado.
“No es proporcional ni razonable que actos de máxima jerarquía sean juzgados por jueces sin la misma dignidad institucional que el Consejo de Estado”, afirmó.
Álvarez recordó que la jurisdicción contencioso-administrativa fue concebida desde 1817 como un instrumento para someter al escrutinio jurídico los actos de las autoridades más poderosas del Estado, y que restarle funciones al Consejo de Estado debilita ese propósito histórico.
También cuestionó los argumentos expuestos en el decreto, en los que se afirma que la medida busca acercar la justicia a los ciudadanos y aliviar la congestión judicial. Según Álvarez, el decreto no responde a esos fines, y por el contrario “genera incertidumbre en un momento en que se necesita seguridad jurídica y paz social”.
Ante la pregunta sobre si la decisión puede interpretarse como una represalia del Ejecutivo tras algunas decisiones judiciales que no le han sido favorables, Álvarez fue enfático:
“No hay ninguna agenda en el Consejo de Estado. Hemos protegido derechos del presidente y también los hemos limitado cuando ha sido necesario. No somos un tribunal contra nadie, somos jueces del Estado de derecho”.
El presidente del Consejo de Estado confirmó que cualquier demanda contra el decreto sería conocida por la Sección Primera del tribunal, encargada de los actos administrativos no asignados a otras secciones especializadas. Esa sección, compuesta por cuatro magistrados, deberá analizar si admite la demanda y luego resolverla en decisión colegiada.
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Sobre posibles impedimentos o recusaciones a los magistrados que lleguen a conocer del decreto, Álvarez señaló que esas situaciones deben ser resueltas por el magistrado ponente, en el ejercicio de su autonomía.
Finalmente, hizo un llamado a rodear la justicia y a respetar las instituciones, recordando que los jueces, en especial en zonas de conflicto, ejercen su labor con riesgo y sin más escudo que la ley.
“Un país sin justicia es un país inviable. Las cortes no están para complacer ni para atacar, sino para hacer cumplir la Constitución”, concluyó.
