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Alrededor de 200 municipios de Colombia tendrán la posibilidad de intervenir y mejorar sus servicios de agua potable y saneamiento básico, luego de que el Congreso de la República aprobara en cuarto y último debate la Ley 259 de 2023, que busca optimizar el uso de los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP), destinados a la prestación de estos servicios.
“Hoy tenemos miles de millones de pesos represados que no pueden ser usados por una norma que ya no responde a la realidad. Esta Ley les devuelve autonomía a los alcaldes para garantizar a los ciudadanos mejoras en la calidad y abastecimiento de agua potable y saneamiento básico”, afirmó el representante Wilmer Castellanos, autor del proyecto.
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Por su calidad de Ley Orgánica, compromete el acceso a un servicio público de primera necesidad y elimina el tope obligatorio del 15% de destinación fija a subsidios dentro del componente de agua del SGP, esto va a permitir que los excedentes acumulados en los Fondos de Solidaridad se puedan utilizar en otras inversiones que requieran mayor urgencia dentro del mismo sector.
De acuerdo con el congresista, “no podíamos permitir que el agua siguiera siendo un privilegio y no un derecho al que deben acceder todos los colombianos. Este proyecto busca corregir una injusticia: si los recursos existen, deben servir para cambiar vidas”.
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Se estima, según cifras presentadas por el representante Castellanos, que el 25% de la población en Colombia tiene un acceso inadecuado al agua potable, lo que representa a cerca de 12 millones de personas. Asimismo, 3,2 millones de colombianos no tienen acceso al servicio, situación que se ve con mayor impacto en el sector rural.
En el país se calcula que el 52% de las aguas residuales son tratadas, y cerca de un millón y medio de personas realizan sus necesidades fisiológicas al aire libre. El proyecto de Ley 259 de 2023, que pasa a sanción presidencial, modifica la Ley 1176 de 2007.
