La FM en Google News
Hay preocupación en el Congreso de la República por una fuerte pelea que se está generando en la Costa Caribe colombiana y que tiene enfrentados políticamente a la Gobernación del Magdalena y a la Alcaldía de Santa Marta.
La representante a la Cámara Ingrid Aguirre interpuso una denuncia penal y disciplinara en contra del alcalde de la ciudad, Carlos Pinedo, a quien se le acusa de tener paralizadas unas obras de infraestructura que están siendo impulsadas por el gobierno departamental.
“He radicado dos quejas disciplinarias ante la Procuraduría General de la Nación por el delito de prevaricato por acción y por omisión y también he instalado denuncias ante la Fiscalía por los mismos delitos”, indicó.
Según explicó la parlamentaria, los alcaldes de los demás municipios del Magdalena no han puesto obstáculos para la realización de las obras, pero no ocurre lo mismo con la capital del departamento.
“Ya contamos con el permiso de estos 27 municipios, de estos 27 alcaldes, pero no ha sido posible tener los permisos en la ciudad de Santa Marta. Y tenemos el otro problema que es obras que ya han estado avanzando, que ya están en un 57% de ejecución, otras en un 77% de ejecución y que a la fecha nos dicen que faltan unos permisos, permisos que al revisarlos no tienen fecha de caducidad, no tienen fecha de expiración”, dijo.
Dijo que el Alcalde estaría actuando con base en criterios políticos. “Un alcalde que está participando abiertamente en la política, que con fines politiqueros no permite la intervención de la Gobernación en la ciudad de Santa Marta y tenemos que recordarle que Santa Marta es la capital del departamento del Magdalena y estas obras hacen parte del plan departamental de desarrollo y lo que estamos exigiendo al Procurador General de la Nación y a la Fiscal General de la Nación es que miren lo que está pasando”, dijo.
Reveló que estarían en juego más de 2.000 millones de pesos que se han invertido. “Estamos hablando que hay 46 obras detenidas en estos momentos. Estamos hablando que se están perjudicando alrededor de 200 mil personas. En el programa de obras menores son alrededor de 2.200 millones de pesos. Y en las obras que están frenadas, que ya tienen un avance significativo superior al 50%, hay varios problemas".
Advierte que las diferencias políticas no pueden obstaculizar el bienestar de la comunidad, que de manera organizada a través de más de 40 líderes comunales, interpondrán tutelas y otras acciones legales para garantizar el cumplimiento de estas obras.
