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Las Comisiones Primeras conjuntas de Senado y Cámara aprobaron en primer debate la prórroga de la Ley de Orden Público, que es la que le otorga facultades al Gobierno Nacional para adelantar procesos de paz.
Los congresistas negaron un artículo que buscaba ponerle condicionamientos a los grupos ilegales para adelantar negociaciones y que hubieran podido acabar los diálogos con el ELN.
La representante Juanita Goebertus aseguró que “derrotamos la proposición que pretendía imponerles precondiciones a una negociación, como a la del ELN, que exigían el desmonte de todo el aparato armado antes de iniciar una negociación, haciendo inviable cualquier proceso”.
Además, dijo que se eliminaron varias proposiciones “que pretendían favorecer nuevos procesos de desmovilización individual de las disidencias”.
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Se aprobó un artículo que crea un Consejo Nacional de Seguridad, encabezado por el presidente de la República y conformado por instituciones como la Fiscalía, el Ministerio de Justicia, entre otras; que será el encargado de determinar la viabilidad de cualquier negociación con un grupo armado ilegal.
El senador Germán Varón negó que esto le quite la facultad al Jefe de Estado para decidir sobre los diálogos de paz.
“No creo que la pierda porque si él (presidente) preside el consejo y él es el jefe, él decide con quién se negocia y con quién no, pero sí requiere un aspecto institucional de respaldo que es el que le dice las condiciones y caracterizaciones que se deben cumplir para poder entrar a un proceso”, dijo.
Sin embargo, el senador Iván Cepeda aseguró que algunos de los artículos aprobados violan el acuerdo de paz.
“Si la Ley de Orden Público llega a salir como quedó aprobada en las Comisiones Primeras, vamos a demandar por inconstitucionalidad varios de los artículos que han sido aprobados, entre ellos la creación de las Zonas Especiales de Consolidación y la creación de un fondo paralelo a los proyectos de desarrollo con enfoque territorial”, manifestó.
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Durante el debate, se presentó un choque entre el Gobierno Nacional y el Partido Farc, por la transformación de los PDES (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial), que según el senador Carlos Lozada, atenta contra el espíritu del acuerdo.
“Es necesario que el Estado cambie esa concepción militarista de que la presencia estatal debe estar supeditada, casi que exclusivamente, a la presencia militar. Regresar a lo que está ya probado que no funciona, nos parece que es una equivocación”, manifestó.
Sin embargo, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, defendió este artículo diciendo que lo que se busca es generar una armonía entre los dos componentes que son “la garantía del orden público y la presencia social del Estado”.
El proyecto pasará ahora a las plenarias de Senado y Cámara de Representantes y será estudiado al tiempo por las dos corporaciones.
