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En el Congreso, durante el trámite de la extensión de la ley 418, se presentó una discusión entre el Gobierno Nacional y la Farc por un artículo de la iniciativa que pretende modificar los llamados PDES (Planes de Desarrollo Económico y Social), que priorizan la inversión en las zonas de conflicto.
Para el partido Farc, esto atenta contra el acuerdo de paz logrado en La Habana y condiciona la ayuda del Estado a que en esos sitios haya presencia de la Fuerza Pública.
El senador Carlos Lozada dijo que “es necesario que el Estado cambie esa concepción militarista de que la presencia estatal debe estar supeditada, casi que exclusivamente, a la presencia militar. Regresar a lo que está ya probado que no funciona, nos parece que es una equivocación”.
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Sin embargo, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, defendió la propuesta advirtiendo que la idea es generar un equilibrio entre la presencia militar y la ayuda social.
“No es que haya un territorio vedado para la Fuerza Pública, ella puede llegar a cualquier parte del territorio donde se necesite su presencia. Pero para buscar una acción organizada se pretende esta figura de las Zonas Integrales Especiales con los dos componentes, que es la garantía del orden público y la presencia social del Estado”, indicó.
Los integrantes de la oposición presentaron una proposición para suprimir este artículo, la cual fue derrotada por las mayorías en las Comisiones Primeras conjuntas de Senado y Cámara.
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