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El Gobierno del presidente Gustavo Petro respondió al régimen de Daniel Ortega, que este miércoles confirmó su negativa a extraditar a Carlos Ramón González, requerido por la justicia colombiana por el desfalco a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
El ministro del Interior, Armando Benedetti, calificó la decisión como “inamistosa y agresiva”.
“Más que ofender, es que si el presidente de la República pide la extradición de alguien, a cualquier país con el que existan tratados, y ese país no corresponde a esa solicitud, es algo inamistoso, agresivo, que no debe pasar. Lo que ha sucedido no debió haber pasado”, aseguró.
El jefe de la cartera política no descartó medidas por parte de Colombia para sentar un precedente frente al régimen de Ortega. “Habrá que revisar qué pasa con las relaciones diplomáticas después de esto”, advirtió Benedetti.
Cabe mencionar que el gobierno nicaragüense negó la solicitud elevada apenas unas horas antes por la embajada de Colombia en Managua, con el fin de que González fuera entregado al país para responder por los delitos que le imputa la Fiscalía General de la Nación: cohecho, peculado y lavado de activos.
Aunque en el Gobierno Petro había optimismo, al considerar que “se cumplían los requisitos”, este miércoles se confirmó la negativa.
En el documento con el que Nicaragua respondió a la solicitud también se establece que González recibió asilo político.
“Al respecto, se hace del conocimiento que Carlos Ramón González Merchán, de conformidad con la Resolución Ministerial No. 001-2025 de este Ministerio, le fue otorgado asilo político con base en la Constitución Política de la República de Nicaragua, convenios e instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos y de Asilo Político”, señala la comunicación.
El texto agrega que “toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero en caso de persecución por delitos políticos o conexos con los políticos, y de acuerdo con la legislación de cada Estado y los convenios internacionales".
Asimismo, argumenta que en ningún caso un extranjero puede ser expulsado o devuelto a otro país, sea o no de origen, “donde su derecho a la vida o a la libertad personal esté en riesgo de violación a causa de raza, nacionalidad, religión, condición social o de sus opiniones políticas".
