Gobierno de Nicaragua negó solicitud de extradición de Carlos Ramón González: se le concedió asilo político
Aunque en el Gobierno Petro había optimismo, al considerar que “se cumplían los requisitos”, este miércoles se confirmó la negativa.

El régimen de Daniel Ortega en Nicaragua negó la solicitud de extradición de Carlos Ramón González, requerido por la justicia colombiana por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la UNGRD.
La petición había sido tramitada por la Embajada de Colombia en Managua el fin de semana. Aunque en el Gobierno Petro había optimismo, al considerar que “se cumplían los requisitos”, este miércoles se confirmó la negativa.
En el documento con el que Nicaragua respondió a la solicitud, también se confirma que González recibió asilo político.
“Al respecto, se hace del conocimiento que Carlos Ramón González Merchán, de conformidad con la Resolución Ministerial No. 001-2025 de este Ministerio, le fue otorgado Asilo Político con base en la Constitución Política de la República de Nicaragua, convenios e instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos y de Asilo Político”, señala la comunicación.
El texto agrega que “toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero en caso de persecución por delitos políticos o conexos con los políticos, y de acuerdo con la legislación de cada Estado y los convenios internacionales".
Asimismo, argumenta que en ningún caso un extranjero puede ser expulsado o devuelto a otro país, sea o no de origen, “donde su derecho a la vida o a la libertad personal esté en riesgo de violación a causa de raza, nacionalidad, religión, condición social o de sus opiniones políticas".
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González, prófugo de la justicia colombiana, llegó a Nicaragua en noviembre de 2024. En junio de 2025, el mismo Gobierno colombiano, a través de la Embajada, pidió que se prorrogara su estancia en el país en calidad de residente.
Sin embargo, el presidente Gustavo Petro y la canciller Rosa Yolanda Villavicencio aclararon que dicha solicitud fue realizada por el encargado de negocios de la Embajada en Managua, de manera “inconsulta y sin autorización”.