La FM en Google News
La carrera electoral hacia la Casa de Nariño en 2026 del abogado Abelardo de la Espriella podría verse truncada luego de que el Consejo Nacional Electoral pusiera bajo la lupa su campaña política.
Este proceso surge tras una petición ciudadana que cuestiona la integridad del proceso de recolección de firmas. El CNE decidió "avocar conocimiento" de una solicitud que busca la revocatoria de su inscripción, centrando el debate en la transparencia y legalidad de los documentos presentados por su equipo de campaña.
La denuncia de Marceliano Julio Fonseca Bolívar
El núcleo de la controversia reside en una solicitud presentada por el ciudadano Marceliano Julio Fonseca Bolívar.
Según el accionante, la campaña de De la Espriella habría vulnerado el principio constitucional de buena fe al presentar presuntos documentos falsos y rúbricas que no corresponden al puño y letra de los ciudadanos. Esta acusación ha llevado al CNE a ordenar la práctica de pruebas para verificar si se incurrió en irregularidades sustanciales.
El ente electoral ha sido enfático en que, para tomar una decisión de fondo, es indispensable recaudar material probatorio que permita esclarecer los hechos planteados en la querella.
Por ello, otorgó un plazo de cinco días hábiles para que tanto el candidato como su movimiento político, Defensores de la Patria, presenten sus descargos y aporten las evidencias que consideren pertinentes para su defensa.
Crisis en la validación de apoyos: Millones de firmas invalidadas
La razón detrás de la denuncia es el informe de la Registraduría Nacional que encontró millones de firmas invalidadas por parte del movimiento Defensores de la Patria.
Aunque el comité inscriptor de De la Espriella entregó la cifra récord de 5.079.000 registros, la autoridad electoral solo validó 1.978.108, lo que representa apenas el 38,95% del total. Esto significa que más de 3.100.000 apoyos fueron rechazados por diversas causales objetivas de invalidación.
A pesar de que el número de firmas aceptadas fue suficiente para lograr la inscripción inicial, el volumen de rechazos ha encendido las alarmas sobre la metodología de recolección.
Por su parte, el candidato ha defendido la legitimidad de su proceso, señalando que todas las firmas fueron auditadas internamente y que ha interpuesto recursos ante la Registraduría para controvertir las anulaciones, las cuales, según él, afectaron a todos los aspirantes por igual.
Pruebas requeridas y el futuro de la candidatura
El CNE ha solicitado a la Registraduría certificaciones detalladas sobre el número total de firmas entregadas y las razones legales por las cuales se anularon los registros sobrantes.
Este cruce de información será vital para determinar si hubo una intención de fraude o si se trata de errores procedimentales comunes en campañas de tal magnitud.
El proceso actual se encuentra en una etapa probatoria y no constituye aún una decisión definitiva sobre la cancelación de la candidatura. Sin embargo, la presión aumenta para el comité Defensores de la Patria, que debe demostrar la validez de su actuación preelectoral en un calendario que avanza hacia los comicios del 31 de mayo de 2026, respetando siempre las garantías del debido proceso.
