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La iniciativa busca crear un Tribunal Nacional de Paz que sería alterno al Tribunal de Justicia Transicional y que se encargaría de juzgar a integrantes de las Fuerzas Militares y a civiles.
Con esta iniciativa el senador Alfredo Rangel y el expresidente Álvaro Uribe Vélez buscarán que, según ellos, los civiles y las Fuerzas Militares no sean juzgados por el mismo tribunal que se encargara de los cargos de los integrantes de las Farc.
“Este tribunal tiene como objeto ofrecer una serie de beneficios a los miembros de las Fuerzas Militares y civiles (...) impondría sanciones hasta de 5 años de cárcel y quienes hayan cumplido la quinta parte de su condena podrían quedar en libertad”, afirmó Rangel.
Según lo indicaron los autores del proyecto, este tribunal estaría conformado por 9 magistrados, que trabajarían durante un lapso de 12 años, serían escogidos en triadas por las 20 principales universidades del país, los colegios de abogados y otros tres por asociaciones en retiro. El senador Rangel manifestó que hay una salvedad frente a este grupo de magistrados, y es que no pueden haber pertenecido a ninguna de las altas cortes, para evitar que muchos de ellos, que han tenido relación con procesos anteriores, puedan tener conocimiento de estos procesos.
El senador también indicó que las personas que sean juzgadas por este tribunal estarán obligadas a confesar toda la verdad de los hechos cometidos con ocasión del conflicto armado y garantizar no repetición. “Se estable ce que para tener acceso a estos beneficios las personas que sean finalmente sean sentenciadas tendrán que contar la verdad, pedir perdón y ofrecer garantías de no repetición”, aseguró.
Según los congresistas este proyecto a diferencia del Tribunal de Paz de La Habana, sí tendrá seguridad jurídica pues se contemplan penas de cárcel hasta de 5 años, lo que brinda seguridad, pues estos casos no podrían ser reabiertos en ninguna época, ya que el Tribunal de Paz de la Habana, al no imponer penas, deja en riesgo que dichas investigaciones por delitos de guerra sean reabiertos por tribunales internacionales.
Este tribunal, al igual que el planteado desde La Habana, podrá asumir todos los casos inmersos en el conflicto armado, incluso los falsos positivos.
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