El delegado de la Procuraduría, Henry Francisco Bustos, afirmó que la fiscal Lucy Laborde Betancourt cometió errores durante la imputación de cargos contra Nicolás Petro, al confundir las cifras de los cheques girados por la fundación FUCOSO a finales de noviembre de 2021.
Bustos explicó que, a diferencia de lo afirmado por la Fiscalía, no se trataría de dos cheques por 36 millones de pesos cada uno, sino de un solo cheque por ese valor, que debió ser reemplazado debido a un error en su elaboración. Esta corrección, indicó, tiene un impacto directo en la cuantía del presunto peculado que se le atribuye al exdiputado del Atlántico.
El representante del Ministerio Público también consideró que no hay fundamentos serios para que Nicolás Petro sea enviado a prisión, argumentando que su libertad no entorpecerá el desarrollo de las audiencias. “No encuentro fundamentos objetivos para señalar que continuará o desarrollará acciones para obstruir la justicia”, indicó Bustos.
Durante la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra Nicolás Fernando Petro Burgos, el Ministerio Público también señaló que existen elementos de juicio suficientes para inferir su probable participación en el delito de peculado por apropiación, derivado de dos convenios suscritos en 2021 y 2022 entre la Gobernación del Atlántico y la fundación Fucoso.
Según la intervención, la principal fuente de la evidencia está en conversaciones y chats de WhatsApp, cuya protagonista central es Daisuris del Carmen Vázquez, entonces pareja de Petro.
El Ministerio Público precisó que las únicas comunicaciones atribuibles a Nicolás Petro dentro de este caso se dieron con Vázquez, y no con funcionarios de la Gobernación, representantes legales de Fucoso u otras personas mencionadas en la investigación, como Pedro Name.
Del análisis de esos mensajes, el ente de control concluyó que existe una preocupación explícita por montos de dinero, su distribución y su ocultamiento, lo que permitiría inferir que Petro tuvo alguna participación en la apropiación de recursos públicos. La Fiscalía ha fijado esa cuantía en $111 millones de pesos, correspondientes a los dos convenios investigados.
Recordemos que los delitos que la Fiscalía imputó a Nicolás Petro los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, tráfico de influencias, peculado por apropiación, falso testimonio, falsedad en documento público y falsedad en documento privado, por presuntamente estar relacionado con un direccionamiento de contratos y apropiación de dineros, cuando se desempeñaba como diputado del Atlántico.