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El abogado estadounidense Daniel Kovalik, representante legal del presidente Gustavo Petro en Estados Unidos, anunció que iniciará acciones judiciales para impugnar las sanciones impuestas contra el mandatario colombiano tras su inclusión en la denominada Lista Clinton.
Las declaraciones las entregó en una entrevista con NBC News, desde Pittsburgh, Pensilvania, donde precisó que el equipo legal del jefe de Estado ya prepara la estrategia para responder ante la medida del Gobierno estadounidense.
Según explicó Kovalik, la decisión de incluir a Petro en la lista de sancionados proviene de la administración del presidente Donald Trump y obedece, principalmente,a razones políticas. “De eso se trata esto. No se trata de ninguna otra cosa, y vamos a impugnarlo”, afirmó.
El abogado señaló que las medidas adoptadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) no se basan en pruebas que vinculen al mandatario con actividades ilícitas, sino en sus posiciones frente a temas internacionales como su apoyo a la causa palestina y su rechazo a una intervención militar en Venezuela.
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El anuncio se produjo luego de que el presidente Petro designara oficialmente a Kovalik como su representante litigante en territorio estadounidense para enfrentar las sanciones financieras. De acuerdo con el jurista, la defensa se centrará en demostrar que la decisión del Departamento del Tesoro constituye un acto de persecución política, más que una acción de carácter judicial o financiero.
La inclusión de Petro en la Lista Clinton —una herramienta que históricamente se ha utilizado para sancionar a narcotraficantes, grupos terroristas y gobiernos implicados en violaciones graves a los derechos humanos— ha sido considerada por analistas como un hecho sin precedentes.
En esta ocasión, la administración estadounidense argumentó que el mandatario “no ha actuado con suficiente firmeza en la lucha contra el narcotráfico”.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, justificó la medida señalando que “el presidente Petro ha permitido que los carteles de drogas prosperen y se ha negado a detener esta actividad”. La sanción implica el congelamiento de activos bajo jurisdicción estadounidense y restricciones financieras tanto para el jefe de Estado como para su entorno cercano.
También fueron incluidos en la lista la primera dama Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y el ministro del Interior, Armando Benedetti, descrito en el comunicado oficial como “su mano derecha”.
Kovalik cuestionó la legitimidad de estas decisiones y aseguró que responden a presiones políticas internas en Washington. “La defensa de Petro buscará demostrar que se trata de una medida sin fundamento jurídico, orientada a deslegitimar políticamente al mandatario colombiano”, dijo en la entrevista con NBC News.
El abogado también confirmó que el presidente Petro evalúa interponer una demanda por difamación contra Donald Trump, a quien responsabiliza de declaraciones que, según él, afectaron su reputación antes incluso de la sanción de la OFAC.
“Incluso antes de la designación, estábamos pensando en presentar una demanda por difamación contra Trump, y también lo estamos analizando. Así que sí creemos que esto es difamatorio, por supuesto”, expresó.
Kovalik precisó que dicha acción judicial se presentaría “probablemente en Florida”, aunque aún no hay una fecha definida para su radicación. El proceso, de concretarse, buscaría demostrar que las afirmaciones públicas del exmandatario estadounidense tuvieron fines políticos y dañaron la imagen del jefe de Estado colombiano.
Mientras tanto, el equipo legal de Petro continúa evaluando las repercusiones de las sanciones, en coordinación con asesores internacionales especializados en derecho financiero y diplomático, mientras el Gobierno colombiano analiza los canales institucionales para responder oficialmente ante Washington.
