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La FM conoció que la comunidad indígena wayúu de La Guajira hizo un nuevo llamado a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, con el fin de que ese organismo formule imputación de cargos y solicite medida de aseguramiento contra el exdirector de Función Pública, César Manrique, como presunto implicado en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD).
Este llamado de urgencia fue realizada por parte del abogado Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías de Colombia, quien actuando como representante civil de la comunidad indígena wayúu, extendió esta solicitud a las fiscales que coordinan el grupo especial que indaga las diferentes líneas de investigación en torno a este escándalo de corrupción.
La razón principal de la solicitud a la fiscal general y a las fiscales del caso es evitar la obstrucción a la justicia mediante la posible destrucción de evidencias, manipulación de las mismas, manipulación de testigos y sobre todo, evitar que se genere impunidad.
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En la misma petición se hizo énfasis en la necesidad de adoptar prontas decisiones frente al capítulo de corrupción que se originó en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, con la celebración de contratos por más de 96.347 millones de pesos que fueron financiados con recursos de la Agencia Nacional de Tierras (ANT).
De acuerdo con los investigadores, Olmedo López gestionó con Luis Carlos Barreto Gantiva y su jefe político, César Augusto Manrique Soacha, entonces director del Departamento Administrativo de la Función Pública, el traslado de cerca de 100.000 millones de pesos que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo tenía en convenio con la Agencia Nacional de Tierras, a cambio de que dichos funcionarios direccionaran a empresarios cercanos la contratación de plantas desalinizadoras, tanques de almacenamiento, molinos, carrotanques, pozos subterráneos, a cambio de coimas”.
En la acusación contra el exsubdirector de conocimiento de la UNGRD, Luis Carlos Barrero Gantiva, se señala que “consiguió en acopio con el exdirector de la Función Pública, una reunión entre Gerardo Vega entonces director de la Agencia Nacional de Tierras y Olmedo López, con el propósito de conseguir la reducción por el monto cercano a los 100.000 millones de pesos de los recursos del Convenio No. 9677-CV020-021-2023, que terminaron siendo utilizados para direccionamiento de contratos en el marco de este entramado de corrupción.
Esta petición fue realizada poco después de conocerse la condena emitida por el juez primero de conocimiento de Bogotá que condenó a César Augusto Manrique a 10 años de prisión, por el escándalo de corrupción en los contratos para la adquisición de 100 motos para la Policía durante la alcaldía del hoy presidente, Gustavo Petro.
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Esta sentencia contra César Manrique se originó en las irregularidades detectadas cuando él se desempeñó como gerente encargado del entonces Fondo de Vigilancia de Bogotá. De acuerdo con el fallo de condena, el 28 de agosto de 2012 suscribió el contrato No. 559 con el objetivo de adquirir 100 motocicletas eléctricas, que no sirvieron para Policía Metropolitana de Bogotá, por un valor superior a los $4.000 millones.
Además, tendrá que pagar una multa de 88.88 salarios mínimos legales mensuales vigentes y estará inhabilitado para ejercer cargos públicos por 107 meses tras ser hallado responsable de los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
