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La Corte Suprema de Justicia decidió enviar a prisión a los congresistas reelectos Wadith Manzur y Karen Manrique, por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y de Desastres (UNGRD). El alto tribunal los señala, junto a otros tres congresistas y un excongresista, como sospechosos de cohecho impropio.
El pasado 5 de marzo solo dos magistrados estaban de acuerdo con llamarlos a juicio y enviarlos a prisión. Uno más prefería acusarlos sin detenerlos y una se inclinaba por que el proceso siguiera únicamente contra dos involucrados.
Los cuatro procesados y las dos procesadas habrían torcido contratos a cambio de votos en el Congreso.
Corte Suprema llevaba tres sesiones sin decidir
Sin pretensiones de armonía, la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia acumuló tres sesiones extraordinarias sin decidir si lleva al banquillo a los integrantes de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, una célula de seis congresistas que aprueban los créditos internacionales que el Gobierno solicita.
Cada jornada se ha concentrado en una ponencia del magistrado Misael Rodríguez. El togado le imprimió algo de celeridad al curso del expediente una vez Olmedo López, exdirector de la UNGRD, y Sneyder Pinilla, exsubdirector de Manejo de Desastres, se comprometieron a delatar a quienes movieron sobornos y convenios.
La Comisión Interparlamentaria tiene, por norma, tres senadores y tres representantes que hacen parte de las comisiones económicas.
El escándalo de la UNGRD paralizó su funcionamiento, principalmente cuando renunciaron Wadith Manzur, cordobés y del Partido Conservador, y Karen Manrique, de la Circunscripción de Paz de Arauca.
Otros tres congresistas fueron acusados: Gallo, Bitar y Peinado
Ahora Manzur y Manrique fueron reelectos. El conservador saltó al Senado el 8 de marzo con la segunda mayor votación de los conservadores. Manrique, por su parte, repitió su curul de paz.
Las campañas observaron los ecos de la Sala de Instrucción, que acusa también a Juan Pablo Gallo, Liliana Bitar y Julián Peinado, y el excongresista Juan Diego Muñoz.
Gallo es un senador liberal; Bitar, una senadora conservadora; Peinado, un representante liberal, y Muñoz, un exrepresentante de la Alianza Verde que renunció en febrero de 2024, diez meses después de que la Corte Suprema abriera una investigación en su contra por irregularidades de contratos del Programa de Alimentación Escolar (PAE), en 2016.
La Corte Suprema de Justicia cerró la etapa probatoria del caso contra Manrique, Manzur, Bitar, Peinado, Gallo y Muñoz en noviembre del año pasado.
Desde entonces, el paso siguiente era el llamado a juicio y una eventual medida de aseguramiento. Una votación de tres votos a favor y tres en contra el 5 de marzo estancó todo.
“En varias reuniones se habría acordado que la contraprestación para los congresistas, por el trámite de los créditos, sería el impulso de la contratación y obras de interventoría de tres proyectos” de la UNGRD en Córdoba, Arauca y Bolívar, reseñó la Corte en un comunicado oficial este miércoles.
Los encuentros, que la Sala documentó, habrían servido para definir “los montos con los que representantes del Ejecutivo beneficiarían a los congresistas para comprometer su función”.
La corporación asegura haber recaudado “amplio material” para “concluir que los procesados pudieron cometer el delito de cohecho impropio”.
Una sala dividida que llegó a un consenso
El magistrado Rodríguez y su colega Héctor Alarcón votaron por una acusación y una medida de aseguramiento para todos los implicados.
La magistrada Cristina Lombana solo pretendía un juicio y una detención para Wadith Manzur y Karen Manrique, y el magistrado Marco Antonio Rueda optaba por un juicio sin aseguramiento.
César Reyes, expresidente en 2023 y 2025 de la Sala, se inclinó por juzgamientos para Manzur, Manrique y Juan Pablo Gallo, los tres a quienes María Alejandra Benavides les habría enviado información sobre proyectos de los que saldrían cupos indicativos, una partida del presupuesto nacional para proyectos regionales de congresistas.
Y el presidente actual, el magistrado Francisco Farfán, tendía a llevar a todos a juicio y a nadie a la cárcel. Como no se pusieron de acuerdo, el futuro del abultado expediente quedó en manos de Jesús Alfredo Rey Córdoba, un abogado con doctorado en Derecho y Ciencias Políticas, y Javier Fernando Fonseca, especialista en Derecho Penal.
La Sala de Instrucción escogió a los conjueces por sorteo y programó para el miércoles 11 de marzo su próxima jornada.
Rey tiene una vasta experiencia en la rama judicial y en la cátedra, principalmente en la Universidad de Los Andes, donde fue decano en 1986, y en la Universidad Javeriana de Cali, de donde es oriundo.
Sobre sus orientaciones políticas no se sabía mucho, pero el punto es que ambos juristas fueron clave.
La Sala de Instrucción no suele llamar a sus conjueces luego de su posesión, pues las pugnas internas, aunque retrasan las investigaciones y los autos, se resuelven con la mayoría de los votos.
El caso de corrupción en la Unidad de Gestión del Riesgo y los cinco congresistas implicados es casi inédito.
Ruta del dinero y contratos torcidos en la UNGRD y el Congreso
Karen Manrique está en líos porque el exdirector de la UNGRD Olmedo López, en declaraciones ante la Corte Suprema de Justicia, aseveró haberse reunido varias veces con ella en 2023 para revisar los avances de tres contratos que sumaban unos 92.000 millones de pesos. Los convenios, al parecer, debían entregarse a dedo.
Manrique, en su momento, reaccionó en su cuenta de X. “Olmedo López miente”, escribió. Una jueza avaló en agosto de 2025 el principio de oportunidad del exfuncionario.
“Su desespero para ser acogido por un buen acuerdo con la Fiscalía” lo está llevando a actuar errónea y mal intencionadamente, añadió la congresista.
López afirmó haberse reunido en su oficina con Manrique y que ella escribió en la libreta personal de él cuáles eran los contratos que necesitaba desviar y a qué congresistas debían dirigirse: Manzur, Bitar, Gallo, Peinado y Muñoz. Los convenios se destinarían en Cotorra, Córdoba; Carmen de Bolívar, Bolívar y Arauca.
Al final, ninguno de los contratos se adjudicó o se ejecutó. Olmedo López terminó renunciando a la UNGRD por haber liderado el desfalco de la entidad tras el contrato para suministrar agua potable a La Guajira con cuarenta carrotanques, y, como piezas de dominó, las confesiones a cuentagotas fueron tumbando a más funcionarios.
María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda, ha sido clave. La justicia tiene cerca de cincuenta horas de grabación en las que Benavides delata encuentros en el ministerio presiones de congresistas.
La Fiscalía firmó con ella un principio de oportunidad que un juzgado aprobó en julio de 2025.
Benavides ha comprometido a casi cuarenta personas, una treintena de las cuales son congresistas que habrían negociado contratos en la UNGRD y en el Instituto Nacional de Vías (Invías).
La línea de investigación del Invías, que ya ha impulsado detenciones preventivas, navega en el despacho del magistrado Marco Antonio Rueda.
¿"Desconocemos los procesos"?
Horas antes de que empezara la sesión del 4 de marzo de la Sala de Instrucción, la representante Manrique publicó un video en sus redes. Con nerviosismo, decía que estaba en Tame haciendo campaña y que quería responder al “alto impacto que han generado los rumores” y “las noticias” sobre el debate en la Corte.
“También le hice llegar un documento a la honorable Corte Suprema de Justicia porque desconocemos los procesos”, manifestó Manrique, con un discurso al menos contradictorio con, por ejemplo, las actuaciones de su defensa. La semana pasada, su abogado Andrés Garzón Roa pidió remover al procurador del caso.
De hecho, tanto Manrique como Bitar, los congresistas y el excongresista saben del proceso penal de la UNGRD al menos desde noviembre de 2024, cuando la Sala de Instrucción abrió una investigación formal en su contra y les citó a indagatoria. La Corte aseguró entonces contar con cincuenta pruebas documentales y diez testimoniales.
En julio de 2025 la Sala de Instrucción decidió no detener a Karen Manrique, Liliana Bitar, Juan Gallo, Wadith Manzur, Julián Peinado y Juan Muñoz.
El magistrado Misael Rodríguez había presentado una ponencia para enviarles a la cárcel, pero la mayoría de la Sala no la apoyó. La segunda, de cierto modo, fue la vencida para el togado.
La investigación constató, desde la etapa preliminar, que entre noviembre y diciembre de 2023 la Comisión de Crédito Público emitió trece de los dieciocho conceptos que el Ministerio de Hacienda pidió en el año.
“A cambio de avalar los conceptos de operaciones de crédito, los aforados habrían acordado dádivas”, sostuvo la Corte.
En agosto de 2025, el magistrado Misael Rodríguez compulsó copias para que la Fiscalía investigue al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y a diez exfuncionarios del gobierno de Petro —como Carlos Ramón González y Luis Fernando Velasco— por presuntamente ofrecer contratos a cambio de votos para créditos estatales.
Iván Name, de la Alianza Verde, y Andrés Calle, liberal, son las figuras más prominentes del escándalo a las que la justicia ha alcanzado.
Los expresidentes del Senado y la Cámara siguen presos, y la Sala de Primera Instancia rechazó una nulidad de Calle y admitió varias pruebas en su contra. El juicio, como el de la Comisión de Crédito, sigue firme.
