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La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia no acusó antes de las elecciones legislativas a cinco congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, una célula de seis legisladores que aprueban los créditos internacionales que el Gobierno solicita. En buena medida, el Estado no puede endeudarse sin su concepto.
Tras dos días de debate y una ponencia del magistrado Misael Rodríguez, de la que se apartó la magistrada Cristina Lombana —la única mujer en la corporación que hace las veces de fiscalía de congresistas—, la Sala aplazó hasta el 10 de marzo el llamado a juicio de los implicados en el entramado de corrupción de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Rodríguez recabó pruebas y pisó el acelerador una vez Olmedo López, exdirector de la Unidad, y Sneyder Pinilla, exsubdirector de Manejo de Desastres, firmaron sendos principios de oportunidad con la Fiscalía para delatar a quienes, junto a ellos, movieron sobornos a través de plata y contratos a cambio de votos en el Congreso.
La Comisión Interparlamentaria tiene, por norma, tres senadores y tres representantes que hacen parte de las comisiones económicas. El escándalo de la UNGRD paralizó su funcionamiento, principalmente cuando renunciaron Wadith Manzur, cordobés y del Partido Conservador, y Karen Manrique, de la Circunscripción de Paz de Arauca.
Ahora Manzur y Manrique aspiran a reelegirse en el Capitolio. El conservador quiere saltar al Senado el 8 de marzo, y Manrique, repetir su curul de paz. Las campañas observaron los ecos de la Sala, que podría llevar también al banquillo —y a prisión, si hay votos— a Juan Pablo Gallo, Liliana Bitar y Julián Peinado. A Juan Diego Muñoz no.
Las dudas en la Corte sobre la acusación contra Juan Diego Muñoz
Ese era uno de los líos principales, según conoció La FM. Parecía haber un problema con la acusación contra Muñoz particularmente, que la separaba de la cohesión que debía hilar el expediente contra los cuatro procesados y las dos procesadas. Para tratar de consensuar, la Sala optó por no buscar su detención preventiva.
No es claro aún el papel de Muñoz en todo el entramado. Sin embargo, entre las pruebas que la exasesora María Alejandra Benavides ha entregado figura un chat posterior a la renuncia del metense en el que cede sus “compromisos” al representante Wilmer Castellanos, quien habría acordado torcer contratos del Invías.
Gallo es un senador liberal; Bitar, una senadora conservadora; Peinado, un representante liberal, y Muñoz, un exrepresentante de la Alianza Verde que renunció en febrero de 2024, diez meses después de que la Corte Suprema abriera una investigación en su contra por irregularidades de contratos del PAE en 2016.
La Corte Suprema cerró la etapa probatoria del caso contra Manrique, Manzur, Bitar, Peinado, Gallo y Muñoz en noviembre del año pasado. Desde entonces, el paso siguiente debía ser el llamado a juicio y una eventual medida de aseguramiento. Una votación de tres votos a favor y tres en contra este jueves estancó todo.
El asunto queda en manos de conjueces. La Sala de Instrucción deberá nombrar a dos de ellos antes de emitir una decisión de fondo, que no llegará antes de las elecciones legislativas. Si Wadith Manzur y Karen Manrique resultan reelegidos, vendrá después un debate sobre la figura de la silla vacía o los procedimientos siguientes en el Congreso.
Los señalamientos contra Karen Manrique en el caso de la UNGRD
Karen Manrique está en líos porque el exdirector de la UNGRD Olmedo López, en declaraciones ante la Corte Suprema, aseveró haberse reunido varias veces con ella en 2023 para revisar los avances de tres contratos que sumaban unos 92.000 millones de pesos. Los convenios, al parecer, debían entregarse a dedo.
Manrique, en su momento, reaccionó en su cuenta de X. “Olmedo López miente”, escribió. Una jueza avaló en agosto de 2025 el principio de oportunidad del exfuncionario. “Su desespero para ser acogido por un buen acuerdo con la Fiscalía” lo está llevando a actuar errónea y mal intencionadamente, añadió la congresista.
López afirmó haberse reunido en su oficina con Manrique y que ella escribió en la libreta personal de él cuáles eran los contratos que necesitaba desviar y a qué congresistas debían dirigirse: Manzur, Bitar, Gallo, Peinado y Muñoz. Los convenios se destinarían en Cotorra, Córdoba; Carmen de Bolívar, Bolívar, y Arauca.
Al final, ninguno de los contratos se adjudicó o se ejecutó. Olmedo López terminó renunciando a la UNGRD por haber liderado el desfalco de la entidad tras el contrato para suministrar agua potable a La Guajira con cuarenta carrotanques, y, como piezas de dominó, las confesiones a cuentagotas fueron tumbando a más funcionarios.
María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda, ha sido clave. La justicia tiene cerca de cincuenta horas de grabación en las que Benavides delata encuentros en el ministerio presiones de congresistas. La Fiscalía firmó con ella un principio de oportunidad que un juzgado aprobó en julio de 2025.
Las grabaciones de María Alejandra Benavides
Benavides ha comprometido a casi cuarenta personas, una treintena de las cuales son congresistas que habrían negociado contratos en la UNGRD y en el Instituto Nacional de Vías (Invías). La línea de investigación del Invías, que ya ha impulsado detenciones preventivas, navega en el despacho del magistrado Marco Antonio Rueda.
Horas antes de que empezara la sesión del 4 de marzo de la Sala de Instrucción, la representante Manrique publicó un video en sus redes. Con nerviosismo, decía que estaba en Tame haciendo campaña y que quería responder al “alto impacto que han generado los rumores” y “las noticias” sobre el debate en la Corte.
“También le hice llegar un documento a la honorable Corte Suprema de Justicia porque desconocemos los procesos”, manifestó Manrique, con un discurso al menos contradictorio con, por ejemplo, las actuaciones de su defensa. La semana pasada, su abogado Andrés Garzón roa pidió remover al procurador del caso.
De hecho, tanto Manrique como Bitar, los congresistas y el excongresista saben del proceso penal de la UNGRD al menos desde noviembre de 2024, cuando la Sala de Instrucción abrió una investigación formal en su contra y les citó a indagatoria. La Corte aseguró entonces contar con cincuenta pruebas documentales y diez testimoniales.
Las decisiones previas de la Corte Suprema contra los congresistas
En julio de 2025 la Sala de Instrucción decidió no detener a Karen Manrique, Liliana Bitar, Juan Gallo, Wadith Manzur, Julián Peinado y Juan Muñoz. El magistrado Misael Rodríguez había presentado una ponencia para enviarles a la cárcel, pero la mayoría de la Sala no la apoyó. La segunda no fue la vencida para el togado.
La investigación constató, desde la etapa preliminar, que entre noviembre y diciembre de 2023 la Comisión de Crédito Público emitió trece de los dieciocho conceptos que el Ministerio de Hacienda pidió en el año. “A cambio de avalar los conceptos de operaciones de crédito, los aforados habrían acordado dádivas”, sostiene la Corte.
En agosto de 2025, el magistrado Rodríguez compulsó copias para que la Fiscalía investigue al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y a diez exfuncionarios del gobierno de Petro —como Carlos Ramón González y Luis Fernando Velasco— por presuntamente ofrecer contratos a cambio de votos para créditos estatales.
Iván Name, de la Alianza Verde, y Andrés Calle, liberal, son las figuras más prominentes del escándalo a las que la justicia ha alcanzado. Los expresidentes del Senado y la Cámara siguen presos, y la Sala de Primera Instancia rechazó una nulidad de Calle y admitió varias pruebas en su contra. El juicio sigue firme.
Las tensiones en la Corte Suprema por el manejo del caso de la UNGRD
Las disputas internas de la Sala de Instrucción rodean el caso de la UNGRD. En 2025 la magistrada Cristina Lombana compulsó copias para que la Comisión de Acusación de la Cámara investigue al magistrado César Reyes, expresidente de la Sala. Al parecer, el togado se reunió con los abogados de la exconsejera Sandra Ortiz.
Ortiz, detenida por el entramado, ha declarado en la Fiscalía y la Corte Suprema. Lombana, que investiga al senador Julio Elías Chagüi, del Partido de La U, la citó a hablar sobre su papel en el escándalo. El oriundo de Cereté es uno de los presuntos beneficiarios de contratos que habría gestionado Luis Fernando Velasco.
Reyes se habría encontrado con la defensa de Ortiz para ofrecerle beneficios a la exsenadora, lo que extralimitaría las competencias de la Sala. La pelea no ha llegado a una conclusión. Lombana también investiga a la senadora oficialista Martha Peralta.
En febrero de 2025 hubo un conflicto de reparto que reapareció el 4 de marzo. El expediente contra los cinco congresistas y un excongresista estuvo primero en el despacho del magistrado Héctor Carvajal, pero la declaración que Olmedo López dio terminó filtrada en medios.
La Sala de Instrucción le quitó los folios y se los entregó al magistrado Rodríguez. El pleno acordó que estuviesen a cargo de la presidencia de cada año, así que la reelección de César Reyes le otorgaba la responsabilidad, pero la plenaria votó por la continuidad del externadista.
Cómo se habría movido el dinero de los sobornos en la UNGRD
El proyecto de Misael Rodríguez fue discutido por cuatro horas el miércoles. Sobre las seis de la tarde, una fuente le contó a La FM que los cinco magistrados y una magistrada querían sesionar hasta llegar a una decisión. La jornada terminó levantada y retomada este jueves. Los congresistas aún no van a juicio.
Según testimonios de Olmedo López y Sneyder Pinilla, Iván Name habría recibido un soborno de tres mil millones de pesos. Andrés Calle, liberal y aliado del Ejecutivo, habría obtenido uno de mil millones.
Pinilla, confeso corrupto y condenado a cinco años de cárcel, relató que el dinero para las coimas salió de los sobrecostos en la compra de cuarenta carrotanques para llevar agua potable a La Guajira. El propósito era acelerar el trámite de reformas del Gobierno.
Quien habría ordenado entregar los recursos fue el prófugo Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) asilado en Nicaragua. Los pagos habrían llegado a manos de los parlamentarios en octubre de 2023, antes de las elecciones regionales.
La intermediaria para conseguir y llevar las millonarias sumas habría sido la exconsejera presidencial Sandra Liliana Ortiz Nova, detenida de forma preventiva. La Fiscalía empezó a perseguirla luego de que Sneyder Pinilla la señalara de recibir los tres mil millones de Name.
Las imputaciones y los procesos judiciales contra los principales implicados
Ortiz, cercana a Iván Name, le habría dado maletas llenas de billetes al senador en un apartamento en el norte de Bogotá. Pinilla admitió haber entregado a Andrés Calle el dinero en Montería, también en una maleta. El exsubdirector ha entregado chats que probarían el soborno.
Carlos Ramón González y Sandra Ortiz, ambos de la Alianza Verde, fueron suspendidos junto a Name en mayo de 2025. La Fiscalía imputó a Ortiz tráfico de influencias y lavado de activos, y a González cohecho, peculado y lavado de activos.
La Fiscalía calificó el entramado de corrupción en la UNGRD como “una empresa criminal” que habrían liderado Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla. El Tribunal Superior de Bogotá ordenó encarcelarlos de forma preventiva. La Procuraduría indaga a Ortiz en el expediente de Name y Calle.
Según Sneyder Pinilla, en septiembre de 2023 Ortiz y Velasco tuvieron un desayuno del que salió la orden para que Olmedo López consiguiera dinero para sobornar a legisladores. Ortiz trató de negociar con la Fiscalía, que calificó su información como “confusa” y “contradictoria”. Velasco defiende su inocencia.
Andrés Calle intentó salir de prisión. Le pidió a la Corte Suprema concederle libertad por el nacimiento de su hijo, porque renunció a la Cámara y porque declaró que no votaría en las elecciones de 2026. La Corte lo rechazó. Sandra Ortiz también presentó una tutela, pero el alto tribunal la desestimó.
