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Un colombo francés y un excandidato a la rectoría de la Universidad Autónoma del Caribe (UAC): la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia definió, por sorteo, que ellos serán los conjueces que entrarán a la discusión sobre el llamado a juicio y la posible medida de aseguramiento contra cinco congresistas.
Se trata de Jesús Alfredo Rey Córdoba, un abogado con doctorado en Derecho y Ciencias Políticas, y Javier Fernando Fonseca, especialista en Derecho Penal.
La Sala sorteó el asunto luego de un empate de tres votos a favor y tres en contra en el entramado de corrupción de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Rey tiene una vasta experiencia en la rama judicial y en la cátedra, principalmente en la Universidad de Los Andes, donde fue decano de Derecho en 1986, y en la Universidad Javeriana de Cali, de donde es oriundo.
Ha sido consultor en telecomunicaciones espaciales y satelitales y ha dictado clases en Derecho del Espacio Ultraterrestre.
Entre 1978 y 2007, en distintos períodos, fue embajador en la Comisión de Utilización del Espacio Ultraterrestre (Copuos), un órgano de la ONU para investigar sobre el espacio, difundir información y promover la cooperación internacional. Javier Fernando Fonseca; fue también candidato a la rectoría de la UAC, en 2020.
Con menos experiencia, pero con reconocimiento en la academia, Fonseca es un abogado con magíster en Derecho.
Ha sido litigante, asesor y consultor, además de decano de facultades de Derecho en la Universidad Católica de Colombia, la Militar Nueva Granada, la Cervantes San Agustín y Los Libertadores.
Sobre sus orientaciones políticas no se sabe mucho. La Sala de Instrucción no suele llamar a sus conjueces luego de su posesión, pues las pugnas internas, aunque retrasan las investigaciones y los autos, se resuelven con la mayoría de votos.
El caso de corrupción en la UNGRD y los cinco congresistas implicados es casi inédito.
La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia no tomó una decisión antes de las elecciones legislativas sobre si acusar o no a cinco congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.
Esta célula de seis legisladores se aprueban los créditos internacionales que el Gobierno solicita. En buena medida, el Estado no puede endeudarse sin su concepto.
Empate que obligó a traer conjueces en la Corte Suprema
Tras dos días de debate y una ponencia del magistrado Misael Rodríguez, de la que se apartó la magistrada Cristina Lombana —la única mujer en la corporación que hace las veces de fiscalía de congresistas—, la Sala aplazó hasta el 10 de marzo el llamado a juicio de los implicados en el entramado de corrupción de la UNGRD.
Rodríguez recabó pruebas y pisó el acelerador una vez Olmedo López, exdirector de la Unidad, y Sneyder Pinilla, exsubdirector de Manejo de Desastres, firmaron principios de oportunidad con la Fiscalía para delatar a quienes movieron sobornos a través de plata y contratos a cambio de votos en el Congreso.
La Comisión Interparlamentaria tiene, por norma, tres senadores y tres representantes que hacen parte de las comisiones económicas. El escándalo de la UNGRD paralizó su funcionamiento, principalmente cuando renunciaron Wadith Manzur y Karen Manrique.
Ahora Manzur y Manrique aspiran a reelegirse en el Capitolio. El conservador quiere saltar al Senado el 8 de marzo, y Manrique repetir su curul de paz. Las campañas observaron los ecos de la Sala, que podría llevar también al banquillo —y a prisión— a Juan Pablo Gallo, Liliana Bitar y Julián Peinado. A Juan Diego Muñoz no.
Ese era uno de los líos principales, según conoció La FM. Parecía haber un problema con la acusación contra Muñoz, que la separaba de la cohesión que debía hilar el expediente contra los procesados. Para tratar de consensuar, la Sala optó por no buscar su detención preventiva.
No es claro aún el papel de Muñoz en todo el entramado. Sin embargo, entre las pruebas entregadas por la exasesora María Alejandra Benavides figura un chat posterior a su renuncia en el que cede sus “compromisos” al representante Wilmer Castellanos, quien habría acordado torcer contratos del Invías.
Gallo es un senador liberal; Bitar, una senadora conservadora; Peinado, un representante liberal, y Muñoz, un exrepresentante de la Alianza Verde que renunció en febrero de 2024, diez meses después de que la Corte Suprema abriera una investigación en su contra por irregularidades de contratos del PAE en 2016.
Pruebas y testimonios que empujan el caso de la UNGRD hacia un juicio
La Corte Suprema de Justicia cerró la etapa probatoria del caso contra Manrique, Manzur, Bitar, Peinado, Gallo y Muñoz en noviembre del año pasado. Desde entonces, el paso siguiente debía ser el llamado a juicio y una eventual medida de aseguramiento. Una votación de tres votos a favor y tres en contra este jueves estancó todo.
Karen Manrique está en líos porque el exdirector de la UNGRD Olmedo López, en declaraciones ante la Corte Suprema, aseveró haberse reunido varias veces con ella en 2023 para revisar los avances de tres contratos por unos 92.000 millones de pesos.
Manrique, en su momento, reaccionó en su cuenta de X. “Olmedo López miente”, escribió. Una jueza avaló en agosto de 2025 el principio de oportunidad del exfuncionario. “Su desespero para ser acogido por un acuerdo con la Fiscalía” lo está llevando a actuar errónea y mal intencionadamente, añadió la congresista.
López afirmó haberse reunido en su oficina con Manrique y que ella escribió en su libreta personal cuáles eran los contratos que necesitaba desviar y a qué congresistas debían dirigirse: Manzur, Bitar, Gallo, Peinado y Muñoz.
Al final, ninguno de los contratos se adjudicó o se ejecutó. Olmedo López terminó renunciando a la UNGRD por haber liderado el desfalco de la entidad tras el contrato de los cuarenta carrotanques para La Guajira, y las confesiones a cuentagotas fueron tumbando a más funcionarios.
María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda, ha sido clave. La justicia tiene cerca de cincuenta horas de grabación en las que Benavides delata encuentros en el ministerio y presiones de congresistas. La Fiscalía firmó con ella un principio de oportunidad, aprobado en julio de 2025.
Benavides ha comprometido a casi cuarenta personas, una treintena de ellas congresistas que habrían negociado contratos en la UNGRD y en el Invías. La línea de investigación del Invías, que ya ha impulsado detenciones preventivas, navega en el despacho del magistrado Marco Antonio Rueda.
Defensa de congresistas y avance del expediente en la Corte
Horas antes de que empezara la sesión del 4 de marzo de la Sala de Instrucción, la representante Manrique publicó un video en sus redes. Con nerviosismo, decía que estaba en Tame haciendo campaña y que quería responder al “alto impacto de los rumores y las noticias” sobre el debate en la Corte.
“También le hice llegar un documento a la honorable Corte Suprema de Justicia porque desconocemos los procesos”, manifestó Manrique, con un discurso contradictorio con las actuaciones de su defensa. La semana pasada, su abogado Andrés Garzón Roa pidió remover al procurador del caso.
De hecho, Manrique, Bitar, los congresistas y el excongresista saben del proceso penal de la UNGRD al menos desde noviembre de 2024, cuando la Sala de Instrucción abrió una investigación formal y les citó a indagatoria. La Corte aseguró entonces contar con cincuenta pruebas documentales y diez testimoniales.
En julio de 2025 la Sala de Instrucción decidió no detener a Karen Manrique, Liliana Bitar, Juan Gallo, Wadith Manzur, Julián Peinado y Juan Muñoz. El magistrado Misael Rodríguez había presentado una ponencia para enviarles a la cárcel, pero la mayoría de la Sala no la apoyó.
La investigación constató que entre noviembre y diciembre de 2023 la Comisión de Crédito Público emitió trece de los dieciocho conceptos que el Ministerio de Hacienda pidió en el año. “A cambio de avalar los conceptos de operaciones de crédito, los aforados habrían acordado dádivas”, sostiene la Corte Suprema.
En agosto de 2025, el magistrado Rodríguez compulsó copias para que la Fiscalía investigue al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y a diez exfuncionarios del gobierno de Petro —como Carlos Ramón González y Luis Fernando Velasco— por presuntamente ofrecer contratos a cambio de votos para créditos estatales.
Iván Name, de la Alianza Verde, y Andrés Calle, liberal, son las figuras más prominentes del escándalo a las que la justicia ha alcanzado. Los expresidentes del Senado y la Cámara siguen presos, y la Sala de Primera Instancia rechazó una nulidad de Calle y admitió varias pruebas en su contra. El juicio sigue firme.
