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En el oriente del Cauca, las comunidades indígenas de Tierradentro se encuentran en alerta máxima debido a los intensos combates entre la fuerza pública y grupos armados ilegales en la zona rural de Inzá. La población ha manifestado su temor y exige garantías de seguridad para evitar una tragedia mayor.
Mientras tanto, la crisis humanitaria en el Catatumbo sigue en aumento. Los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC han dejado un saldo alarmante de 86 personas muertas, 24.110 confinadas y 57.000 desplazadas en las últimas semanas. La comunidad clama por la intervención urgente del Estado para frenar la violencia y garantizar la protección de los habitantes de esta región golpeada por el conflicto.
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En El Espinal, Tolima, la aparición de un panfleto atribuido al Clan del Golfo ha generado preocupación entre la población, pues hasta el momento no se tenía registro de la presencia de este grupo en la zona. Las autoridades han iniciado investigaciones para verificar la autenticidad del documento y evaluar el impacto que pueda tener en la seguridad del municipio.
Por otro lado, el desplazamiento forzado sigue en aumento en el departamento de Risaralda, donde cien familias han huido debido a la presión de los grupos armados. Estas personas han llegado al occidente de Caldas en busca de refugio, lo que ha agudizado la crisis humanitaria en la región.
En Jamundí, Valle del Cauca, la violencia cobró la vida de un policía que intentaba frustrar un hurto. Durante el intercambio de disparos, otro uniformado logró abatir al delincuente. Este hecho refleja la difícil situación de seguridad en el país y el riesgo que enfrentan quienes trabajan por la protección de la ciudadanía.
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Finalmente, en Chimichagua, Cesar, la incertidumbre crece con el paso de los días. Ya son 20 días sin rastro de la ex personera Yennis Salazar, quien fue secuestrada el pasado 21 de febrero mientras se desplazaba cerca del corregimiento de Saloa. Sus familiares y amigos mantienen la esperanza de su pronta liberación, mientras las autoridades avanzan en las investigaciones sin obtener pistas claras sobre su paradero.
Las comunidades afectadas por la violencia continúan exigiendo respuestas del Gobierno Nacional y medidas concretas que permitan restablecer la seguridad en estas regiones del país. El llamado es a actuar con celeridad para evitar que la crisis humanitaria se siga profundizando.
