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La Procuraduría General de la Nación impuso una sanción de suspensión por cinco meses a los exdirectores generales de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial, Fabio Espitia Garzón y José Reyes Rodríguez Casas, debido al incumplimiento de la Ley 581 de 2000, que establece el porcentaje mínimo de participación de la mujer en cargos de decisión.
El organismo determinó que los exfuncionarios incumplieron sus responsabilidades legales durante su ejercicio como directivos. Espitia Garzón cometió la infracción entre el 1 y el 2 de enero, así como entre el 8 y el 26 de septiembre de 2022.
Por su parte, Rodríguez Casas vulneró la normativa entre el 28 de septiembre y el 31 de diciembre del mismo año. Ambos debían garantizar que al menos el 30% de la nómina de la entidad estuviera integrada por mujeres en cargos decisorios.
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La procuraduría delegada disciplinaria de juzgamiento concluyó que los exfuncionarios incurrieron en una falta al deber jurídico de asegurar una representación femenina adecuada en los niveles directivos, tal como lo establece el artículo 4°, literal b) de la Ley 581 de 2000.
En su fallo de primera instancia, el organismo de control calificó la falta como gravísima a título de culpa grave la acción.
Cabe destacar que la sanción implica la suspensión temporal de sus funciones y la obligación de devolver los salarios devengados durante los cinco meses de suspensión, lo que representa un monto cercano a los 68 millones de pesos para cada uno de los exdirectores.
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Como resultado de esta decisión, Espitia Garzón y Rodríguez Casas ya no ocupan sus respectivos cargos en la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial.
La sanción se ejecutó de acuerdo con la gravedad del incumplimiento de la ley, que busca promover la equidad de género en los niveles de toma de decisiones en el ámbito público.
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