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La Fiscalía General de la Nación archivó la investigación que se originó tras la denuncia que presentó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) contra exfuncionarios de la Fiscalía, por el supuesto entrampamiento contra el extinto jefe de las Farc, Jesús Santrich.
La decisión fue adoptada por la Fiscalía Décima Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, quien concluyó que no se cometieron los hechos denunciados relacionados con los delitos de fraude a resolución judicial o administrativa de policía y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.
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En marzo de 2023, el presidente de la JEP, magistrado Roberto Carlos Vidal López, señaló que pese a que existían órdenes judiciales de la Sección de Revisión de la JEP y de la Corte Constitucional, la Fiscalía General de la Nación de entonces no le entregó a la Jurisdicción toda la información -que fue requerida en varias oportunidades-, para tomar la decisión de otorgarle la garantía de no extradición a Seuxis Paucias Hernández Solarte en mayo de 2019.
En torno a estos hechos, la JEP había pedido investigar a Ana Fabiola Castro Rivera, entonces directora de Asuntos Internacionales de la Fiscalía y a Javier Eduardo Cárdenas, funcionario de policía judicial.
“Bajo esos supuestos fácticos y legales no puede predicarse del comportamiento de la doctora Castro Rivera el ocultamiento de las evidencias requeridas por la Sección de Revisión, sino que su conducta se circunscribió al ejercicio legítimo de las competencias que tenía como directora de Asuntos Internacionales de la Fiscalía”, indica la decisión de la Fiscalía.
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Así mismo, se concluyó que el investigador de policía judicial Javier Cárdenas sí cumplió en su oportunidad con los elementos que fueron requeridos por la JEP.
La resolución de archivo añadió que, “exclusivamente le solicitaron audios de interceptación de comunicaciones recaudados en las investigaciones adelantadas en contra del señor Marlon Marín Marín en dos procesos y eso fue lo que efectivamente allegó el investigador por lo que ningún comportamiento contrario a derecho habría cometido”.
