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Ante la Corte Suprema de Justicia, el exgobernador de Santander, Richard Aguilar, no aceptó cargos en el proceso en su contra por presunta corrupción durante su mandato, entre 2011 y 2015.
Las audiencias de juicio iniciaron con una argumentación de la Fiscalía, que quiere probar las presuntas irregularidades en la suscripción de por lo menos seis contratos, en los que al parecer no se cumplieron los requisitos o las condiciones para esa suscripción.
Según lo que dice la Fiscalía, en muchos de los contratos, el contratista elegido no cumplía con la experiencia para cumplir los objetivos, en otros casos se certificaba que los proyectos cumplían con los requisitos pero no concordaban con los establecidos por el sistema general de regalías o con la articulación del Plan de Desarrollo departamental, “deficiencias que buscaban ocultar por los funcionarios de la gobernación”, dijo la fiscal del caso.
Entre los contratos se encuentra el reforzamiento estructural del estadio de fútbol y del Coliseo Vicente Días Romero; Unidad deportiva o estadio Alfonso López; el Mejoramiento del corredor Agroforestal y Energético, y la contratación de alimentación escolar (PAE).
En el escrito de acusación la Fiscalía asegura que mientras Aguilar estuvo como gobernador de Santander “habría constituido una empresa criminal para direccionar la contratación a favor de algunos de sus amigos y familiares”.
Como contraprestación de esas adjudicaciones, supuestamente ellos se comprometían a devolver el 10% de cada obra. Los hechos rodearían irregularidades con la adjudicación de más de 500.000 millones de pesos en contratos.
En una audiencia pasada, el abogado Iván Cancino, quien defendía a Aguilar, tuvo enfrentamientos con la Fiscalía por el descubrimiento de las pruebas que se iban a usar en el juicio. Tras dicha audiencia, el abogado decidió renunciar a la defensa del exgobernador y el nuevo defensor es Sócrates Saavedra.
