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La Registraduría respondió ante el llamado de atención e incidente de medidas correccionales que fueron impuestas por la Jurisdicción Especial para la Paz contra el registrador Hernán Penagos por, aparentemente, omitir entregar información relacionada de una víctima para acreditar a la familia.
Frente a esta comunicación emitida por el tribunal, la entidad dio a conocer un mensaje enviado a la JEP, en el que entregan la información que estaría siendo solicitada por la jurisdicción en el caso de Tulio Alonso Parra Medina, víctima de 'falsos positivos'.
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"En atención a su solicitud, de manera atenta le comunico que, con fundamento en los detalles suministrados por usted, se efectuó la búsqueda en el Sistema de Información de Registro Civil (SIRC), encontrándose Registro Civil de Defunción (...) correspondiente a DIAZ VARGAS JOHN RICARDO, fecha de inscripción 02 de agosto de 2021 en la Notaria 71 de Bogotá-Cundinamarca", dice la comunicación que habría sido remitida por el organismo.
Sin embargo, la Registraduría explicó por medio de su oficina de comunicaciones que preparan una respuesta para el tribunal con las explicaciones que han sido solicitadas por los magistrados.
La JEP llamó la atención de Penagos, debido a la supuesta omisión para cumplir con la orden judicial, pues los magistrados consideran que esa respuesta constituye una obstrucción a la justicia.
"Es considerada por la Sala como un obstáculo para la satisfacción de los derechos de las víctimas, debido a que la copia simple del registro civil de nacimiento de Tulio Alonso Parra Medina es imprescindible para avanzar en el trámite de las solicitudes de acreditación de dos víctimas del conflicto", dice el pronunciamiento del tribunal.
Los magistrados explicaron que la medida correccional se justifica debido a que deben garantizar el funcionamiento y avance de las órdenes judiciales que son necesarias para que los casos tengan un trámite efectivo y protección a los derechos de las víctimas.
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"Se justifica en la importancia de asegurar el correcto funcionamiento de la administración de justicia, en virtud del incumplimiento de las órdenes proferidas y con el objetivo de garantizar el derecho de defensa y contradicción", añadió el documento.
Penagos tendrá dos días hábiles para remitir las razones del incumplimiento y finalmente cumplir con el compromiso que estableció la JEP.
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