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Una juez de control de garantías de Bogotá impuso medida de aseguramiento contra varios funcionarios judiciales señalados de integrar una red de manipulación de fallos en el país.
Se trata del fiscal sexto delegado ante los jueces de circuito penal de Bosconia (Cesar), Yesith Pallares Aguilar; el juez primero promiscuo de Bosconia, Roberto Carlos Orozco Argote y el abogado y defensor público Carlos Luis Ropero Galván.
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De acuerdo con las investigaciones recopiladas durante varios meses por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), estas personas harían parte de una organización criminal que a cambio de sobornos, manipulaban el reparto de procesos y direccionaban el sentido de fallos judiciales.
El director nacional del CTI de la Fiscalía, Alberto Quintero Acevedo, explicó cómo se llevó a cabo la investigación que permitió las capturas del juez, el fiscal y el abogado.
“Estas tres personas harían parte de una organización criminal que a cambio de dádivas, manipuló el reparto de procesos y direccionó el sentido de fallos judiciales. Entre el material probatorio en su contra, hay denuncias de las víctimas, audios de conversaciones telefónicas y videos, en los que los presuntos integrantes de la red de corrupción cuentan el dinero que recibían por su actuar ilegal”, dijo.
A los detenidos quienes no aceptaron los cargos, les imputaron los delitos de concierto para delinquir, concusión, cohecho por dar u ofrecer, fraude procesal, concusión, prevaricato por omisión, prevaricato por acción y cohecho propio.
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Quintero Acevedo señaló que dicha red de sobornos se había conformado hace por lo menos tres años, mientras agregó que se habrían afectado al menos cinco sentencias y fallos judiciales en el departamento del Cesar.
“Las investigaciones permitieron conocer que estas personas al parecer delinquían desde 2017 y estarían involucradas en cinco casos. En un primer evento, el abogado Ropero habría exigido 15 millones de pesos a un ciudadano para evitar que su hermano detenido en flagrancia por porte ilegal de armas, fuera enviado a la cárcel", dijo el funcionario.
Agregó que "la víctima supuestamente dio una camioneta como prenda de garantía hasta que entregó todo el dinero. Finalmente, el capturado quedó en libertad y la suma fue repartida entre el fiscal Pallares Aguilar, el juez Orozco Argote y el abogado”, dijo.
El director del CTI También se refirió a otro proceso por la propiedad de un terreno, en el que los funcionarios judiciales investigados habrían incurrido en aparentes irregularidades.
“En otro hecho documentado, el juez presuntamente asesoró a un hombre en un litigio civil por un terreno. El funcionario judicial, de acuerdo con un pacto monetario previamente establecido, logró el dominio pleno y absoluto del bien a favor del ‘cliente’, y recibió 5 millones de pesos que fueron distribuidos entre la red de corrupción”, indicó.
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La investigación arrojó además que en varios fallos de tutel,a también se habrían registrado pago de sobornos para favorecer con sus decisiones a un grupo de personas.
“También hay evidencia de interferencias indebidas en trámites de tutela y diferentes actuaciones en las que se otorgaron beneficios judiciales. Por ejemplo, respecto a un procesado por receptación de hidrocarburos, el fiscal Pallares Aguilar precluyó el proceso”, concluyó el director nacional del CTI.
