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Ante la Corte Constitucional llegó un nuevo incidente de recusación contra su presidente, magistrado, Jorge Enrique Ibáñez Najar, por presuntas "conductas sistemáticas dilatorias”, en relación con el trámite de la Reforma pensional que se adelantó en el Congreso de la República.
La acción judicial fue interpuesta por el ciudadano Javier Ibáñez Romero, quien alega que el magistrado Ibáñez, quien a su vez, es magistrado sustanciador en esta ley, tendría presuntamente, una “conducta sistemática dilatoria” para definir el futuro de esta ley que fue sancionada por el presidente Petro y aprobada por el Congreso de la República.
Dicha acción argumenta que las supuestas maniobras dilatorias crecen en relación con los últimos hechos sobrevinientes y públicos; como lo fue la práctica de al menos 17 pruebas que el magistrado Ibáñez ordenó a la presidencia de la República y la Cámara de Representantes hacer llegar a su despacho.
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El accionante también destacó en su recusación la acción interpuesta por Fabio Arias, quien ostenta el cargo de presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, (CUT).
Todas acciones giran en torno a cuestionar la decisión del magistrado Ibáñez de aplazar la discusión de esta ley ante la Sala Plena, en relación a la subsanación de los vicios de trámite en la Cámara de Representantes en aras de recaudar más evidencias sobre las condiciones en las que se realizó la convocatoria y citación a las sesiones de la Cámara el pasado 27 y 28 de junio.
Recordemos que en esta nueva decisión, el magistrado Ibáñez fue designado para llevar a cabo todas las actuaciones procesales, en relación con esta ley, y por tanto, pidió a la Cámara 14 elementos de pruebas y tres a la presidencia de la República respecto al trámite.
Entre ellos, el Departamento Administrativo de la Presidencia (Ddpre) deberá presentar copia del decreto y la fecha y hora cuando se Publicó. También copia del diario oficial en el que se publicó y los antecedentes y anexos de dicho decreto. Pero además, el Dapre deberá informar sobre el viaje que habría realizado el Presidente Petro fuera del país el pasado 27 de junio, entre otros elementos que enlista los requerimientos que la Cámara deberá presentar ante el despacho de Jorge Enrique Ibáñez.
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"Estas decisiones del magistrado no obedecen a vacíos jurídicos sustanciales del expediente, sino que denotan una conducta sistemática dilatoria, que retrasa sin fundamento razonable el pronunciamiento de la Corte, aun cuando el Congreso ya subsanó los eventuales vicios advertidos en decisiones previas del alto tribunal": se lee en uno de los apartados del incidente de recusación.
Mientras tanto, Ibáñez resaltó que es necesario recaudar mayores elementos probatorios para tomar una decisión definitiva respecto al futuro exequible o inexequible de la reforma pensional. Entre tanto apunta a que es necesario que la Corte conozca sobre las condiciones en las que se realizó la convocatoria y citación a las sesiones plenarias de la Cámara de Representantes.
