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La Procuraduría General de la Nación le solicitó a la Corte Constitucional garantizar la vida digna, el mínimo vital y los derechos fundamentales de alimentos para niños y otros miembros de la familia.
El ente disciplinario señaló que es indispensable que se declare exequible el convenio sobre el cobro internacional de alimentos, de La Haya, Reino de los Países Bajos, en 2007, para poder asegurar las obligaciones alimentarias reconocidas por las autoridades colombianas.
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Para la Procuraduría, no puedan ser eludidos dichos derechos, cuando el responsable se encuentra en el extranjero.
El viceprocurador, Silvano Gómez, aseguró que el instrumento es una solución a la situación de las personas sin recursos que tienen derecho a obtener alimentos de otras que se encuentran en el extranjero.
Dicho tratado busca garantizar la vida digna, el mínimo vital y los derechos fundamentales de los integrantes de una familia, que no pueden sostenerse económicamente por sí mismas.
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De igual manera, dicho pacto facilita los procedimientos jurídicos disponibles en los diferentes países para el cobro de las cuotas alimentarias, "evitando la evasión de las obligaciones de quienes se encuentran en otros países".
La Procuraduría señaló que constató que "el convenio fue aprobado por el Congreso de la República, mediante la Ley 2212 de 2022, siguiendo las exigencias procedimentales establecidas en la Constitución".
Finalmente, recordó que en el país, cuando una pareja con hijos de por medio, que sean menores de edad o que se encuentren estudiando, decide darle fin a su relación, se deben definir una serie de acuerdos y compromisos como la custodia de los niños, la cuota de alimentos y la frecuencia de las visitas.
