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La Procuraduría General de la Nación denunció penalmente a la juez Lilyan Jhoana Bastidas como presunta responsable de incurrir en el delito de prevaricato por acción al haber liberado a los dos primeros jóvenes señalados de alterar el orden público durante el Paro Nacional, para que fueran designados como voceros de paz, al considerar que la funcionaria no tenía la competencia para tomar esa determinación.
El documento especifica que la servidora pasó sobre la ley al no remitir los casos a jueces de control de garantías, que son los encargados de decidir si se levantan las medidas de aseguramiento contra los señalados.
Para el delgado de asuntos penales del ente de control Jairo Ignacio Acosta, la juez ignoró la determinación del Alto Comisionado para la Paz en la que se indicaba que debían suspenderse las órdenes de captura y no las medidas de aseguramiento, pero además recalca que Bastidas debió haber analizado la solicitud más detalladamente.
“En el sentido que se debió realizar un análisis de fondo de la solicitud por parte de la señora Jueza Coordinadora del Centro de Servicios Judiciales, para hacer el control que le correspondía a la petición que se le planteaba, y no actuar como una simple tramitadora de una orden del ejecutivo que no contaba con asidero legal”, asegura el documento conocido por La FM.
También hizo énfasis en que dichos procedimientos de decisión no se surtieron de manera correcta, pues, la juez no citó a todos los intervinientes en los casos, por lo que destacan que la Procuraduría se enteró fue por las divulgaciones en medios de comunicación.
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“No fue notificada a los sujetos procesales que tenían interés en el asunto, valga decir, a las partes o intervinientes, al punto que, de su existencia nos vinimos a enterar gracias a la divulgación realizada en los medios de comunicación, no a la notificación que la señora Jueza Coordinadora del Centro de Servicios Judiciales de Bogotá debió haber dispuesto”, concluye.
La denuncia penal ya fue presentada ante la Fiscalía y, según indica el ministerio público, también presentó la denuncia disciplinaria ante la seccional de Bogotá de la Comisión de Disciplina Judicial, sin embargo, desde la autoridad, aseguran que no han sido notificados de la radicación de este documento.
