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La relación entre la Alcaldía de Medellín y el Gobierno Nacional atraviesa su momento más crítico tras las recientes revelaciones de Federico Gutiérrez. El mandatario no solo habló de seguimientos e inteligencia ilegal, sino que puso sobre la mesa un tema que toca directamente la fibra de la seguridad y la justicia en Antioquia: la presunta orden de detener operativos contra el músculo financiero de las grandes estructuras criminales.
Según Gutiérrez, durante la gestión del general Triana al frente de la Policía Nacional, se habrían ejercido presiones directas para "congelar" capturas y procesos de extinción de dominio. Los objetivos de estos operativos eran los testaferros de capos que hoy purgan condenas en la cárcel de Itagüí, los mismos que, curiosamente, hoy fungen como voceros en la mesa de la Paz Total del Valle de Aburrá.
El reto al general Triana
Para el alcalde, estas no fueron omisiones fortuitas ni falta de personal. Se trató de una decisión consciente de no tocar las redes financieras de quienes están sentados negociando con el Estado. El mandatario fue enfático al pedir claridad sobre lo que ocurría en las comunicaciones internas de la Policía:
“Pregúntele al general Triana si lo llamaron a presionarlo para que no ejecutara operaciones de extinción de dominio ni capturas por testaferrato de familiares de personas que están hoy en la cárcel de Itagüí”, señaló.
La paz como "escudo" para la criminalidad
Lo más alarmante de la denuncia de Gutiérrez es el argumento que, según él, utilizaban desde Bogotá para frenar a los uniformados. Se les decía que, si actuaban contra estos testaferros y familiares de los condenados, serían los culpables de que el proceso de paz urbana se viniera abajo. En otras palabras, se habría condicionado el cumplimiento de la ley a la estabilidad de una mesa de diálogo.
“¿Cómo le parece? Había gente defendiendo a esos bandidos que llamaba a los generales a decirles que, si capturaban a esos testaferros, ellos serían los responsables de ‘dinamitar’ la paz urbana en Medellín. Eso es proteger criminales”, sentenció el mandatario.
El caso llega a la Corte Suprema
Gutiérrez insistió en que estas presiones no venían de mandos medios, sino de personas muy cercanas al círculo del gobierno del presidente Petro. El objetivo era evitar, a toda costa, que los operativos contra las estructuras criminales de Medellín y el Valle de Aburrá entorpecieran la narrativa de la "Paz Total".
Ante la gravedad de estos hechos, que sugieren una posible extralimitación de funciones y una obstrucción a la justicia para favorecer a grupos ilegales, el alcalde confirmó que ya entregó toda la información a la Corte Suprema de Justicia. Será el alto tribunal el encargado de investigar si, en nombre de la paz, se le dio una patente de corso a los testaferros del crimen organizado en Medellín.
