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Un escándalo fue necesario para pisar el acelerador. La cárcel y penitenciaría de alta y media seguridad de Itagüí, La Paz, tendrá un remodelado sistema de videovigilancia después de tres años. A partir del jueves 30 de abril, el Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec) podrá vigilar a los reclusos de más alto nivel en el penal.
Así lo confirmó el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, en una conferencia de prensa este miércole, 22 de abril, dos semanas después de la parranda clandestina que involucró al cantante vallenato Nelson Velásquez. El Inpec le pidió a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) en 2023 cambiar las cámaras.
La Uspec, asegura el jefe de cartera, adquirió ciertos compromisos contractuales que implican que solo el 30 serán instalados los instrumentos de vigilancia. “Si no hubiera pasado lo de la fiesta, nadie se hubiera preocupado ni enterado de que esto iba a ser el 30 de abril”, apuntó Cuervo, calificando al evento como una coincidencia.
“Coincide esa fecha con el cronograma de contratación, pero no tiene ninguna relación”, zanjó. Lo poco que se sabe de la parranda ha sido expuesto por una cámara callejera de la Alcaldía de Itagüí y por videos de teléfonos. Las investigaciones, entonces, dependen de reportes de dragoneantes procesados por sus omisiones.
No hay cámaras que desmientan o corroboren lo que los guardias y directivos del penal narren a las autoridades. Tampoco, videos claros que sirvan como material probatorio sobre la planificación del agasajo furtivo, los controles prescindidos al ingreso, la distribución del alcohol o del material técnico para el concierto; nada.
La idea es superar el problema logístico de vigilancia tres semanas después de las denuncias de la parranda. Una de las medidas que el Gobierno ordenó es el traslado de los cabecillas que habrían participado en la verbena, pero eso tampoco se ha concretado. Según Cuervo, la decisión depende del Comisionado de Paz.
“Eso no es de un día para otro”, explicó el alto funcionario. “Una cosa son las directrices que en un momento determinado adopta, por ejemplo, el presidente en el Consejo de Ministros, y otra es la implementación, que siempre tiene unas complejidades” en asuntos de seguridad que “hacen que demore más”.
La Procuraduría toma el caso y reordena el proceso disciplinario
La Consejería Comisionada de Paz analiza cuáles son las mejores condiciones de reclusión para jefes de bandas criminales que, además, aspiran a seguir dialogando con el Estado. El objetivo es “preservar la mesa de negociación” sin “afectar la convivencia en otros centros carcelarios”, precisó el ministro.
El 14 de abril, menos de una semana después de las denuncias de la fiesta, la Procuraduría General de la Nación asumió la investigación disciplinaria a partir del “poder preferente”, un tecnicismo que le permite tomar procesos en entidades públicas saltándose a sus oficinas de control interno por varios motivos.
La Procuraduría Regional de Instrucción de Antioquia visitó el 9 de abril el pabellón uno del penal catalogado como de máxima seguridad. Un día antes ocurrió la parranda con cabecillas y Nelson Velásquez. Hubo licor y, aparentemente, menores de edad. El ente de control ordenó la remisión inmediata del expediente para tramitarlo.
Según indicó entonces, empezaría a encargarse por dos criterios clave: el “impacto social” y la “connotación pública nacional” del caso. El Inpec había abierto un proceso interno contra once funcionarios y había apartado del cargo al entonces director, el mayor Édgar Pérez, quien encabezaba el penal desde hacía tres meses.
Al parecer, el rumbo que el Instituto Penitenciario tomó tuvo irregularidades que podrían “constituirse en violaciones al debido proceso y de derechos fundamentales”, explicó la Procuraduría el 17 de abril, cuando también remarcó un “saneamiento del proceso”. El Ministerio Público revocó la suspensión solo para imponerla de nuevo.
Es decir, tumbó la medida de Inpec para luego imponer una cautela similar. Pero también para vincular al director encargado, el caleño Fabián Leandro León Rodríguez, por una “presunta falsedad ideológica en documento público”. Terminó suspendido provisionalmente por tres meses y sin remuneración.
Funcionarios suspendidos y crisis en la ‘Paz Urbana’
Mientras se adelanta la investigación, la Procuraduría también sacó de sus cargos tres meses al inspector jefe del penal, Salvador del Cristo Jiménez Palencia; a tres tenientes, Heyler Antonio Fracica Sarmiento, Fredy Antonio Ciprián Díaz y el director Fabián León; al intendente Eduardo Parra Ceballos, y a siete dragoneantes:
- Nairo Vargas rubio
- Fran Alexander Barbosa Pinzón
- Jhon Eduar Aguilar Conde
- José Luis Becerra Puello
- Juan Camilo Góez David
- Juan Diego Ospina Morales
- Gustavo Adolfo Montejo Casas
Por último, compulsó copias para que también se investigue a Édgar Pérez, porque al parecer cambió los turnos “de manera informal”. La Fiscalía, por su parte, indaga a Nelson Velásquez por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, y también a los once funcionarios procesados disciplinariamente.
La apuesta del gobierno de Gustavo Petro de dialogar con los criminales del Valle de Aburrá está a punto de completar un mes de disputas políticas, fracasos y frenos. La contraparte del Ejecutivo, concentrada en un grupo de ‘Voceros del Espacio de Diálogo Sociojurídico de Paz Urbana’, intenta seguir una ruta distinta.
El 27 de marzo la Fiscalía, por pedido de la Consejería Comisionada de Paz, suspendió las órdenes de captura de una veintena de voceros de las estructuras criminales de alto impacto de Medellín y el Valle de Aburrá. Un puñado de ellos ya estaba en prisión, así que el ente acusador reversó parte de su decisión.
Uno de los penales clave en la ruta que el Gobierno ha llamado ‘Paz Urbana’ —filial de la política de ‘Paz Total’, con la que delegados de Petro dialogan con todo tipo de estructuras criminales— es la cárcel La Paz, un centro penitenciario calificado como de máxima seguridad que alberga a más de novecientos reclusos.
Los hallazgos del Inpec y las disculpas de los cabecillas
La concejal de Medellín Claudia Carrasquilla, del partido opositor Centro Democrático, reveló el 8 de abril varios videos de una parranda clandestina con el artista guajiro de 53 años. El Instituto Penitenciario rechazó el concierto, negó haberlo autorizado, sacó al director de la cárcel y abrió la investigación que luego la Procuraduría tomó.
El ministro de Justicia, Cuervo, anunció la suspensión del diálogo con los cabecillas. La delegación del Gobierno, que lidera la senadora oficialista Isabel Zuleta —enfrentada a un proceso de pérdida de investidura en el Consejo de Estado—, explicó que la pausa va hasta “tener claridad” de qué voceros habrían participado en la fiesta.
Ahora los jefes criminales tratan de destrabar el proceso. “Somos plenamente conscientes de la responsabilidad política que implica ejercer la vocería de paz”, señalaron en un comunicado el 11 de abril. La misiva ofreció “excusas públicas”. “Asumimos la responsabilidad política que nos corresponde”, insistió.
Los reclusos aprovecharon el boletín para solicitarle al presidente Gustavo Petro “levantar la suspensión ordenada para los diálogos de paz urbana”, en tanto “entendemos y lamentamos el grave daño” que la fiesta “genera a la confianza y credibilidad que la sociedad y el Gobierno nacional nos ha depositado”.
El Inpec inspeccionó la cárcel de Itagüí luego de las denuncias de la parranda subrepticia. El 10 de abril, el Grupo de Operaciones Especiales (Grope) adelantó un operativo sorpresa en el que incautó tres celulares, un computador portátil, una tablet, un módem wifi y una consola PlayStation 5 con seis controles.
Los internos tenían a la cárcel como un hotel. El Inpec narró el hallazgo de 62 neveras, siete televisores, once estufas eléctricas, veintisiete freidoras, veintiséis ollas eléctricas, una lavadora, cinco licuadoras, dos sanducheras, dos aires acondicionados, once ventiladores, cuatro sofás y cuatro bafles.
“No es adecuado presentar a la vocería como el único factor responsable de situaciones que responden a la realidad carcelaria”, aseguraron por su parte los cabecillas de las bandas del Valle de Aburrá. “Lo sucedido no puede reducirse a interpretaciones simplistas ni a responsabilidades individuales”, añadieron.
Lo esencial del escándalo en Itagüí, en cuatro preguntas
¿Por qué la cárcel de Itagüí instalará cámaras hasta finales de abril?
El sistema de videovigilancia llevaba cerca de tres años pendiente de renovación, y solo se concretará el 30 de abril por compromisos contractuales de la Uspec. Según el Ministerio de Justicia, el cronograma ya estaba definido, aunque el escándalo de la parranda clandestina aceleró la atención sobre el problema.
La falta de cámaras quedó en evidencia tras la fiesta: no hay registros oficiales que permitan verificar lo ocurrido dentro del penal, lo que ha obligado a depender de versiones de funcionarios y de videos externos.
¿Qué se sabe de la parranda clandestina en la cárcel de Itagüí?
El evento involucró a cabecillas criminales recluidos en el penal y al cantante Nelson Velásquez. Hubo licor, ingreso de equipos y, según versiones, incluso menores de edad, todo sin controles efectivos por parte de la guardia.
La información disponible proviene de grabaciones externas y filtraciones, ya que dentro del penal no había un sistema de vigilancia funcional. Eso ha dificultado reconstruir con precisión cómo se organizó y ejecutó la fiesta.
¿Qué medidas ha tomado la Procuraduría frente al caso?
El ente de control asumió la investigación disciplinaria aplicando su poder preferente, al considerar el alto impacto del caso. Además, cuestionó irregularidades en el proceso adelantado por el Inpec y decidió reordenarlo para garantizar el debido proceso.
Suspendió a varios funcionarios, incluido el director encargado del penal, y vinculó a otros servidores por posibles faltas disciplinarias, entre ellas una presunta falsedad en documento público.
¿Qué consecuencias ha tenido el escándalo en la política de ‘Paz Urbana’?
El Gobierno suspendió temporalmente los diálogos con los cabecillas involucrados mientras se aclara su participación en la parranda. La Consejería de Paz evalúa ahora condiciones de reclusión que no afecten ni la seguridad ni las negociaciones, con el objetivo de trasladar a los jefes de las bandas criminales.
Los propios voceros de las estructuras ofrecieron disculpas públicas y pidieron reactivar el proceso. Sin embargo, el episodio ha profundizado las dudas sobre el control estatal en las cárceles y el rumbo de la estrategia de paz.
