Alcalde de Medellín acusa al DNI de estar detrás de las persecuciones contra altos magistrados, alcaldes y periodistas

El pronunciamiento el alcalde se da en respuesta a las afirmaciones hechas por Angie Rodríguez tras la salida del general Triana de la Dirección Nacional de la Policía.
Fico Gutierrez - Alcalde de Medellín - Rueda de Prensa en la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá
Fico Gutierrez - Alcalde de Medellín - Rueda de Prensa en la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá Crédito: Cortesía Alcaldía de Medellín

La tensión política entre la Alcaldía de Medellín y la Casa de Nariño tiene otro capitulo. Tras las recientes declaraciones de Angie Rodríguez, excolaboradora cercana del presidente Gustavo Petro, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, rompió el silencio con una denuncia contundente: asegura que existe una estrategia de persecución y presión institucional que no solo lo afecta a él, sino a diversos sectores de la vida pública del país.

Gutiérrez no utilizó eufemismos. Calificó la situación actual como resultado de la implementación de la llamada Paz Total, vinculándolo directamente con la línea política del presidente Petro. Según el mandatario local, el alcance de estas maniobras llegaría incluso al Departamento Nacional de Inteligencia (DNI), entidad que estaría siendo utilizada para seguir de cerca a alcaldes y gobernadores, periodistas, y magistrados que mantienen una postura crítica frente al Gobierno Nacional.

El detonante: El caso del General Triana

La controversia se encendió tras las revelaciones de Angie Rodríguez sobre la salida del general Triana de la dirección de la Policía Nacional. Según la exfuncionaria, el relevo del oficial se habría producido bajo la sospecha de una supuesta alianza con Federico Gutiérrez.

Si bien la propia Rodríguez aclaró que las reuniones entre el general y el Alcalde respondieron estrictamente a temas misionales y de seguridad institucional, para "Fico" esta es la prueba reina de un ambiente de sospecha y castigo contra quienes cumplen con su deber constitucional fuera del círculo de lealtad absoluta al Ejecutivo.

Presiones a la Fuerza Pública y la "Paz Total"

Uno de los puntos más críticos de la denuncia de Gutiérrez tiene que ver con la operatividad de la Fuerza Pública. El alcalde sostuvo que ha habido una presión sistemática sobre generales del Ejército y la Policía para frenar acciones contra grupos armados ilegales.

“Ha habido una presión tanto sobre generales de la Policía como sobre generales del Ejército para que no hagan operaciones en contra de estructuras criminales... con la excusa de la llamada paz total”, afirmó el mandatario.

Gutiérrez señaló que estas órdenes de "brazos caídos" habrían favorecido a grupos como las FARC, el ELN y el Clan del Golfo, debilitando la seguridad en los territorios bajo el pretexto de los diálogos de paz. En el caso específico de la capital de Antioquia, el alcalde fue enfático: “Acá en Medellín hubo presiones a generales”. Incluso lanzó un reto público para esclarecer la verdad: “Pregúntele al general Triana si de pronto lo llamaron a presionarlo”.

Acciones ante la justicia

Para el alcalde de Medellín, estos hechos no son incidentes aislados ni malentendidos administrativos, sino una política de Estado diseñada para asfixiar a los mandatarios locales y gobernadores que no comparten la visión del jefe de Estado.

Ante la gravedad de los señalamientos, Gutiérrez confirmó que ya dio el paso hacia la justicia formal. Informó que puso en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia las presiones ejercidas contra los generales, con el objetivo de que se inicien las investigaciones pertinentes.

Un panorama de polarización

Esta nueva confrontación pone de relieve la fractura total entre las regiones y el Gobierno Central. Mientras que desde la Presidencia se defiende la política de seguridad bajo el marco de la paz, desde Medellín se levanta una alerta por lo que consideran el uso de la inteligencia estatal para fines políticos y el debilitamiento de la autoridad en la lucha contra el crimen organizado.

La pregunta que queda en el aire, y que la justicia deberá resolver, es si la salida de altos mandos de la Policía respondió a criterios técnicos o si, como sugiere Gutiérrez, fue parte de una represalia por mantener la institucionalidad en una de las ciudades más importantes del país.


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