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Tras la controversia que ha suscitado la posesión de 30 de los 38 magistrados que integran la Jurisdicción Especial de Paz, la presidenta de dicho mecanismo, Patricia Linares, indicó que por ahora las inhabilidades que algunos sectores han manifestado no están vigentes, porque se está a la espera del fallo de la Corte Constitucional.
Linares indicó que “esas inhabilidades quedaron consignadas en lo que se denominó como la ley estatutaria que hoy por hoy es un proyecto de ley, no una ley en vigencia. Es un proyecto de ley que está a consideración de la Corte Constitucional para que ella se pronuncié sobre su constitucionalidad, en esa perspectiva esas inhabilidades a las que se alude no están vigentes”.
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De la misma forma, Patricia Linares indicó que, frente a la posibilidad de que funcionarios que tengan fuero sean citados por la JEP, la Corte también deberá definir si podrán o no ser citados, al referirse al caso del expresidente Ernesto Samper, que hace algunos meses planteó la posibilidad de renunciar a su fuero para asistir a dar su testimonio a este tribunal.
Linares indicó que durante los dos primeros meses de funcionamiento de la JEP, la Jurisdicción se dedicará a tres tareas que denominó urgentes.
“La elaboración de nuestro propio reglamento, del proyecto de ley de procedimiento que entregaremos al señor presidente para ser puesto a consideración del Congreso de la República y la organización interna que garantice a las víctimas y todos los que acudan a la jurisdicción la atención, el servicio y el trato oportuno y digno que les debemos”.
Patricia Linares indicó que el presupuesto asignado para la JEP es la suma de 200.000 millones de pesos.
