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Las organizaciones, Dejusticia y Transparencia por Colombia, hicieron un segundo llamado al fiscal General, Francisco Barbosa, para que se declare impedido en la investigación penal relacionada con las denuncias de presuntas irregularidades en la campaña presidencial de Iván Duque.
En la petición se argumenta que la relación personal y profesional que ha existido entre el Presidente y el Fiscal General configuran un conflicto de interés que recae sobre este último, y por ello, se extendió una petición a la Corte Suprema para que que nombre a un fiscal Ad hoc para llevar el proceso de forma imparcial y autónoma.
Sin embargo, en un primera decisión la Oficina de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía, aseguró que según el Código de Procedimiento Penal, los impedimentos y recusaciones se predican únicamente a procesos en curso y que estos trámites solo se pueden adelantar sobre el fiscal en concreto que lleve el proceso, y no sobre el Fiscal General de la Nación.
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Ante esta decisión, las organizaciones Dejusticia y Transparencia por Colombia dirigieron nuevamente al Fiscal Barbosa para manifestarle su preocupación por las denuncias de presuntos delitos electorales cometidos, en el marco de la campaña presidencial de Iván Duque Márquez.
También la petición está encaminada a que Barbosa se aparte de la investigación y que solicite la designación de un fiscal general de la Nación Ad hoc.
“En la carta que le enviamos, manifestamos que nos preocupa de forma particular la existencia de conflictos de interés -tanto potenciales como aparentes- en su cabeza y el impacto que estos podrían tener en las investigaciones penales que debe iniciar su institución próximamente”, indicó Andrés Hernández, director de Ejecutivo de Transparencia por Colombia.
Adicionalmente, las organizaciones advirtieron que la respuesta entregada a la a su primera solicitud no tuvo en cuenta, al menos, dos puntos.
El primero, que no es cierto que los conflictos de interés se deban revelar solo en casos concretos, ni que los únicos mecanismos para tramitarlos sean los impedimentos y las recusaciones.
En palabras del Departamento Administrativo de la Función Pública, existe una situación de conflicto de interés, “cuando el interés personal de quien ejerce una función pública colisiona con los deberes y obligaciones del cargo que desempeña”, dijo Andrés Hernandez.
Asimismo, sostuvo que esta definición es amplia y, por lo tanto, comprende diversas situaciones que no necesariamente se deben tramitar a través de los mecanismos más conocidos.
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“De hecho, es explícita refiriéndose a casos, como cuando un funcionario público tiene una amistad entrañable con una persona determinada que en un futuro podría llegar a verse involucrada en las responsabilidades oficiales de ese servidor”, manifestó Andrés Hernández.
En la solicitud también se planteó que si bien los fiscales delegados tienen cierta autonomía, es el Fiscal General de la Nación quien tiene la facultad de nombrarlos o removerlos de su cargo, por lo que es de suma importancia que sean transparentes sus conflictos potenciales y estén aparentes de interés.
