La FM en Google News
Un total de cuatro hallazgos con presunta incidencia fiscal por más de $125.000 millones, estableció la Contraloría General, en una Auditoría Financiera practicada al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), en la vigencia 2022.
El mayor hallazgo corresponde a la cancelación inoportuna de facturas de servicios médicos a los profesores, generando el pago de intereses moratorios por $116.104 millones y además, en 2022 se evidenció el reconocimiento y pago inoportuno de 5.772 cesantías.
Lea también: Contralor delegado para la justicia renuncia y se dedica a campaña para la Registraduría
Así mismo, "se determinó detrimento al patrimonio por el pago en esa misma vigencia de sanciones moratorias por $6.706 millones correspondiente a la muestra de sanciones pagadas por pagos inoportunos de cesantías en vigencias anteriores", indicó la Contraloría.
Finalmente, por el pago inoportuno de fallos y conciliaciones se cancelaron intereses moratorios por $2.741 millones al igual se evidenciaron mayores valores pagados por concepto de pensiones, cesantías y sanciones mora por $118.338 millones.
Según destacó el contralor Delegado para el Sector de Educación, Ciencia y Tecnología, Cultura, Recreación y Deporte, Andrey Geovanny Rodríguez, en esta auditoría "la Contraloría tuvo oportunidad de atender el llamado que le han hecho al organismo de control jueces, magistrados e inclusive los mismos consejeros de Estado en relación con los fallos que se vienen presentando en pagos de sanciones moratorias, en el reconocimiento extemporáneo de prestaciones sociales al profesorado del Magisterio".
De interés: MinTic y MinComercio dejaron perder $119.000 millones
“Hacemos un llamado especial para que estas situaciones se dejen de presentar en el Fomag, porque al final son los recursos de los profesores los que se encuentran allí en juego”, añadió.
Por otro lado, la Contraloría determinó otros 15 hallazgos, de los cuales 12 tienen "presunta connotación disciplinaria y dos tienen otras incidencias y fueron traslados al Ministerio de Salud y Protección Social por la inoportunidad en los reportes con la periodicidad requerida, y a la Superintendencia Nacional de Salud en atención a que la entidad auditada no exigió constitución de reservas técnicas, generando riesgo en la prestación del servicio".
