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El contralor Carlos Mario Zuluaga confirmó un hallazgo fiscal por 119.497 millones de pesos. Los ministerios de las TIC y Comercio estarían comprometidos con la pérdida de estos recursos.
De acuerdo con la Contraloría, estos recursos se perdieron por deficientes gestiones de cobro relacionado con inversiones que se desarrollaron en dos contratos de Estabilidad Jurídica que se suscribieron en el 2010, con las empresas Comcel S.A. y Telmex Colombia S.A.
“Se trata exactamente de dos hallazgos con presunta incidencia fiscal, uno por $114.003.240.000 y otro por $5.494.644.237, que se determinaron al concluir un proceso de auditoría financiera al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, para la vigencia 2022, realizado por Contraloría Delegada de Comercio y Desarrollo Regional, dentro de su plan de vigilancia fiscal 2023”, indica la entidad.
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Carlos Mario Zuluaga Pardo, contralor general de la República encargado, explicó en La Fm que “es un llamado de atención que hace la Contraloría a las empresas porque establecieron hacer un pago del 1 % en inversiones. Ese valor se tenía que ajustar de acuerdo a las inversiones”.
Señaló que “se dejaron de percibir 114.000 millones de pesos en el caso del MinTic y en el MinComercio, 5.000 millones de pesos. Es decir, que 1119.000 millones que debían corporarse al Estado no se hicieron por mala gestión”.
El órgano de control indicó que con la auditoria se evaluó la razonabilidad de los Estados Financieros y el presupuesto ejecutado.
La Contraloría General de la República evidenció 25 hallazgos administrativos, de los cuales los 2 antes reseñados tienen presunta incidencia fiscal y 7 posible connotación disciplinaria.
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Por tal razón, el Ministerio de las TIC tenía que realizar el proceso de cobro, pero a la fecha de la auditoría no se habían realizado las acciones necesarias para iniciar con el proceso jurídico.
Carlos Mario Zuluaga Pardo afirmó que quienes tienen que responder son “los anteriores secretarios generales y supervisores que se delegaron para esta responsabilidad. Desde la Contraloría pedimos la apertura de procesos de responsabilidad fiscal”.
Finalmente, el contralor general de la República encargado enfatizó que a los responsables se les hace “un rastreo de bienes y de cuentas, y se decretan las medidas cautelares para proteger el patrimonio”.
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