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El Tribunal Administrativo del Atlántico decretó medidas cautelares en contra de Electricaribe en aras de frenar un posible incremento de las tarifas del servicio que se le presta a un gran sector de los habitantes de la Costa y suspender el proceso de contratación de terceros operadores.
La acción judicial fue instaurada por el exalcalde de Santa Marta, Carlos Caicedo, quien informó que en la decisión se ordena a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), que antes de aprobar alguna modificación a la tarifa del servicio de energía prestado por Electricaribe, programe, establezca y evacue dos mesas de concertación en audiencias públicas en cada uno de los Departamentos afectados.
El objetivo es que "se realicen audiencias de socialización en las que participen funcionarios de la Creg, alcaldes de los municipios afectados, comités locales de usuarios y el actor, para que allí se discutan todos los asuntos relativos a la pertinencia, eficacia, ventajas, desventajas y condiciones de las modificaciones tarifarias a adoptar", señala el Tribunal.
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Según la providencia estas audiencias deberán ser coordinadas con los sujetos intervinientes y el exalcalde Caicedo, quien interpuso la acción popular para frenar la privatización de la Empresa Electicaribe y el aumento de las tarifas.
El fallo señala: “Los dos meses de concertación en cada Departamento se harán como mínimo dentro de un mes; la Procuraduría, será la encargada de rendir informes sobre el avance en el cumplimiento; los resultados de esas mesas de difusión y concertación con los usuarios del servicio de energía en la Costa, deberán ser analizadas a profundidad por la (Creg) a efectos de fundamentar o no la necesidad de modificar las tarifas por la prestación del servicio”.
Asimismo, el Tribunal del Atlántico ordenó a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, al Ministerio de Minas y Energía y a cualquier otra entidad que resulte competente, que "antes de escoger el nuevo operador de la Empresa Electricaribe, establezca otras dos mesas de concertación en cada uno de los Departamentos afectados, con el fin de que en estas se realicen audiencias de socialización".
En la providencia se ordena : “Primero, que se congele cualquier tipo de aumento hasta tanto no se agote la dinámica de la consulta y participación; segundo, que se suspenda cualquier enajenación, contratación o vinculación de un privado a la operación del servicio entre tanto no se avance con el proceso; y tercero, que se revise la escala tarifaria que tiene Electricaribe para la región y se compare con las del resto del país”.
