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En entrevista para La FM de RCN, Alejandro Ramelli, nuevo presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), compartió su visión sobre los retos y el compromiso que enfrenta la jurisdicción en la búsqueda de verdad, justicia y reparación para las víctimas del conflicto armado en Colombia.
Ramelli subrayó que los procesos en la JEP son complejos y están estructurados en varias instancias: “No se pasa de la sala al tribunal de inmediato; hay etapas que hay que agotar en este proceso, lo cual puede prolongar los tiempos para tomar decisiones”, indicó.
Uno de los desafíos clave, según Ramelli, es la construcción de la sanción propia para los excombatientes de las Farc en los casos de secuestro. Al respecto, comentó que existen múltiples factores a tener en cuenta, como la participación de las víctimas y los recursos presentados por los combatientes.
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“Es importante aclarar que existe una corresponsabilidad entre la jurisdicción y el Gobierno nacional para la emisión de las sentencias. No solamente se trata de sacar sentencias y determinar responsables; también requerimos el concurso del Gobierno en las sanciones propias”, destacó.
Ramelli también mencionó la decisión de la Corte Constitucional en 2021 de destinar todos los bienes en extinción de dominio a la reparación de las víctimas de las Farc, y recalcó el trabajo conjunto con la Fiscalía para asegurar el cumplimiento de esta disposición.
“Estamos trabajando con la Fiscalía para hacer un seguimiento y garantizar el debido cumplimiento”, afirmó.
En cuanto a los casos de reclutamiento de menores de edad, el presidente de la JEP enfatizó la sensibilidad de este tema, especialmente cuando se trata de violencia de género y afectación reproductiva. Resaltó que en regiones como el Valle del Cauca, Cauca y Nariño existe una gran cantidad de imputaciones contra las Farc en este ámbito.
¿Cómo ha respaldado el Gobierno a la JEP?
Sobre el financiamiento y el compromiso del Estado, Ramelli mencionó que el Gobierno nacional ha apoyado a la JEP, tanto en recursos económicos como en el fortalecimiento de su planta de magistrados: “Nosotros como jurisdicción estamos cumpliendo con el mandato que indica la constitución, y tenemos un blindaje jurídico que garantiza nuestro funcionamiento. Hay un compromiso de Estado que no se puede desconocer”, señaló.
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En relación al caso de Salvatore Mancuso, Ramelli aclaró que la decisión fue tomada por la Corte en favor de Justicia y Paz, aunque destacó que varios jefes paramilitares han acudido voluntariamente a la JEP para aportar a la verdad sin esperar beneficios judiciales.
“Más allá del tema Mancuso, muchos comandantes paramilitares han querido venir a la jurisdicción para servir de testigos e integrarse a nuestros procesos en la búsqueda de la verdad”, concluyó Ramelli.
