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La ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, explicó las razones por las cuales el Gobierno del presidente Gustavo Petro considera viable decretar la medida de conmoción interior en la región del Catatumbo.
Lo anterior destacando que se trata de una medida extraordinaria y puntual, dirigida a restablecer el orden y la institucionalidad en una zona que enfrenta una grave situación de violencia y vulnerabilidad.
Buitrago subrayó que esta conmoción no se extiende a todo el territorio nacional, sino que está limitada a una parte específica del país, donde los niveles de violencia y control por parte de grupos armados ilegales han alcanzado niveles alarmantes.
“Este decreto de conmoción interior es una medida que se decreta por una situación particular. No se trata de un estado de emergencia generalizado, sino de una intervención precisaen una región donde la violencia ha escalado de manera preocupante”, señaló la ministra.
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En sus declaraciones, Buitrago explicó que el decreto no solo contempla la necesidad de restablecer la seguridad, sino también la obligación del Estado de proteger los derechos fundamentales de los habitantes del Catatumbo, aún más cuando la región es conocida por su alto índice de actividad guerrillera, narcotráfico y presencia de grupos armados.
“Dentro del decreto encontrarán varias de las razones por las cuales se necesita utilizar estas medidas extraordinarias. La principal es la urgente necesidad de restablecer el orden y devolver la seguridad a las comunidades”, indicó Buitrago.
Una de las claves para entender esta decisión, es la intensificación de los ataques y la presencia de grupos armados ilegales que han convertido a la población civil en un objetivo de guerra.
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La ministra resaltó que se han intensificado las persecuciones, asesinatos y otras formas de violencia en la región, lo que ha llevado al Gobierno a considerar necesaria la aplicación de medidas excepcionales.
En cuanto a las críticas que ha recibido la medida, la ministra reiteró que la conmoción interior no es una respuesta generalizada ante una crisis de seguridad en todo el país, sino una acción focalizada en el Catatumbo y que la intervención busca restablecer el orden, proteger a la población vulnerable y asegurar que los derechos fundamentales de los ciudadanos.
