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El Consejo de Estado condenó a la Fiscalía y a la Rama Judicial por la privación injusta de la libertad de un grupo de ciudadanos que fueron condenados por la masacre en el barrio La Chinita, en el municipio de Apartadó -Urabá antioqueño- ocurrida en enero de 1994.
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La Fiscalía y la Rama Judicial tendrán que pedir excusas públicas a cada una de las personas capturadas, procesadas y condenas por esos hechos y, en nombre de la Nación, deberán precisar que ninguno “participó de los hechos de la masacre”.
El Consejo de Estado advirtió que la Fiscalía y la Rama Judicial deben coordinarse para que todos los condenados y sus familias asistan al acto “por lo cual deberán cubrir, en partes iguales, los gastos en que incurran por motivo del traslado”.
En la masacre de La Chinita fueron asesinadas 35 personas por un comando del frente 5 de las Farc, según detalla el portal Verdad Abierta.
Los hechos sucedieron en la madrugada del 23 de enero de 1994 después de que los habitantes del barrio departieran en un evento organizado para recoger fondos y construir el colegio comunal.
Los guerrilleros llegaron disparando creyendo que en el lugar se encontrarían varios desmovilizados del Ejército Popular de Liberación (EPL).
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La Fiscalía General capturó a varias personas señalándolos de participar en esta masacre. En un primer momento permanecieron detenidos en el Batallón Voltígeros de Carepa (Antioquia) con el fin de ser escuchados en indagatoria pero ninguno pudo contactar a un abogado.
Después fueron trasladados a diferentes cárceles del país entre ellas La Picota, Bellavista y El Buen Pastor.
En 1997 y 1998 fueron sentenciados a 50 años de prisión hasta que el caso fue revisado por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia que declaró la nulidad de todo lo actuado dentro de la investigación penal.
La Corte dijo los funcionarios encargados de tramitar la investigación y el juicio actuaron con violación del debido proceso de los capturados.
