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El magistrado César Augusto Reyes Medina, ponente del caso y quien elaboró el escrito con la solicitud de medida de aseguramiento en contra del expresidente Álvaro Uribe, antes de llegar a la Corte Suprema de Justicia tuvo un contrato con la presidencia del gobierno anterior para una asesoría en los listados de beneficiarios del acuerdo que tenía la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.
La FM obtuvo los documentos del proceso en el sistema público de contratación, en donde consta que la celebración del contrato se dio el 18 de julio de 2016, con un valor acordado de $574.674.360. El contratista fue el Departamento Administrativo de la Presidencia a través del Fondo de Programas Especiales para la Paz, representado en ese entonces por María Inés Restrepo Cañón.
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En diálogo con La FM, Hernando Herrera Mercado, director de la corporación excelencia de la justicia, consideró "muy oportuna" la revelación del contrato del magistrado al indicar que, bajo un estándar ético, César Reyes tendría que haber puesto en evidencia este hecho para así despejar cualquier duda razonable sobre la posibilidad de que hubiese un conflicto de intereses que le obligara a apartarse del caso.
"El conflicto de intereses repercute cuando hay una coalición entre dos eventos que eventualmente perjudican a la noción de justicia. Acá se está investigando a un expresidente de la República que está en oposición al proceso de paz y el contrato que tuvo el magistrado Reyes fue para una labor relacionada con el proceso de paz", resaltó.
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En este sentido, Herrera Mercado señaló que dicho factor se tuvo que exponer en su momento y eventualmente habría sido posible que esta situación causa un impedimento para Reyes, por lo que él se habría alejado del caso y no hubiese sido el magistrado ponente.
"Se aceptó la recusación de la doctora Cristina Lombana porque tiempo atrás ella trabajó con el abogado Jaime Lombana, actual defensor de Álvaro Uribe. Ese mismo rasero se habría podido aplicar en el caso del magistrado Reyes".
Hernando Herrera recalcó que esta situación pone en evidencia la necesidad de crear mecanismos que permitan ratificar la objetividad de la justicia, por ese motivo sugirió que antes de su posesión los magistrados deberían revelar públicamente todas las contrataciones y vínculos que han tenido en años anteriores.
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"Magistrados antes de posicionarse deberían revelar todas las contrataciones y vínculos que han tenido en los últimos 5 años y que se publique en un sitio web para que sea de conocimiento público".
