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El magistrado César Augusto Reyes Medina, ponente del caso y quien elaboró el escrito con la solicitud de medida de aseguramiento en contra del expresidente Álvaro Uribe, antes de llegar a la Corte Suprema de Justicia tuvo un contrato con la Presidencia del gobierno anterior para una asesoría en los listados de beneficiarios del acuerdo que tenía la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.
La FM obtuvo los documentos del proceso en el sistema público de contratación, en donde consta que la celebración del contrato se dio el 18 de julio de 2016, con un valor acordado de $574.674.360. El contratante fue el Departamento Administrativo de la Presidencia, a través del Fondo de Programas Especiales para la Paz, representado en ese entonces por María Inés Restrepo Cañón.
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El contrato tuvo el objeto de elaborar una base de datos que debía ser estandarizada en un formato HTML con cada una de las personas que, según las listas del alto comisionado, se encontraban detenidas con una medida de aseguramiento, para revisar el estado actual de su caso, las acusaciones y las condiciones carcelarias, especialmente para los internos de la guerrilla de las Farc. También establecía consignar el estado de salud de estas personas.
En la descripción del contrato se explica que el Gobierno había tenido problemas con los listados y la eficacia al conseguir esta información porque hubo más de 300 traslados que hicieron difícil la consecución de los datos. El hoy magistrado Reyes firmó el contrato como subgerente de la empresa Nueva Justicia y Litigación Oral Consultores, de donde era representante legal. El tiempo establecido para la entrega de las bases de datos era de 120 días y la información tenía que ser remitida cuidadosamente en una aplicación HTML para garantizar el seguimiento a los internos por parte de la oficina del Alto Comisionado.
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El primer pago por un valor de 172 millones de pesos se pactó una vez el magistrado y su compañía entregaran la ficha digital para su caracterización. El segundo pago por 230 millones de pesos se debía dar dentro de los dos meses siguientes al inicio del plazo de ejecución del contrato. Y el tercer pago, como el primero, por 172 millones, se daría una vez finalizado el plazo de ejecución y entregados los informes finales. El 15 de noviembre las partes hicieron una prórroga del contrato por un mes más hasta diciembre. En total la ejecución del contrato duró cinco meses y medio
La FM revisó el registro mercantil de la empresa Nueva Justicia y Litigación Oral Consultores y encontró que el gerente es Javier Eduardo Said Yueng, el subgerente, Harry Fernando Mora Mayorga, y sus actividades económicas tienen que ver con el sector jurídico.
Para la firma del contrato el actual magistrado hacía las veces de subgerente de la compañía. En septiembre del 2018 la Corte Suprema de Justicia escogió a los nuevos magistrados de la sala especial de Instrucción y de primera instancia. En octubre del mismo año el propio presidente Iván Duque posesionó a los magistrados que pasaron a tener en sus manos el expediente del caso Uribe por la reforma legislativa, que permitió la segunda instancia para aforados. Hasta antes de ese momento la investigación se encontraba en el despacho del magistrado Jusé Luis Barceló de la sala penal.
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El caso, inicialmente, quedó en el despacho de la magistrada Cristina Lombana, pero ella fue recusada por su pertenencia en el pasado a las Fuerzas Militares y el concepto de que, bajo esa lógica, era subalterna del presidente de la República, para ese momento Álvaro Uribe.
El contrato del magistrado Reyes se dio bajo la modalidad de contratación privada. Su jefe natural era la oficina de la Presidencia de la República. Sin embargo, el contrato solo se conoce hasta ahora.
Aunque ya se decidió que el caso del expresidente Álvaro Uribe irá a la Fiscalía General de la Nación porque, según la propia Corte, los delitos acusados no tienen nada que ver con sus funciones legislativas y al renunciar al fuero el juez natural se convierte en uno de garantías, la sala de Instrucción seguirá adelante con el caso del representante a la Cámara por el Centro Democrático Álvaro Hernán Prada.
La FM se comunicó vía chat varias veces con el magistrado Reyes, pero hasta ahora no ha tenido respuesta. Tan pronto como el magistrado responda, incluiremos su versión de los hechos. Esta investigación de la La FM se hace de manera independiente y no hace parte de filtraciones de las partes interesadas en el proceso.
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